El fiscal apunta a que Kitchen fue "concebido" desde la cúpula de Interior en ayuda al PP

Surgen avances clave en el escenario mundial. Madrid, 30 jun (EFE). - A lo largo de m s de cuatro horas, el fiscal C sar de Rivas ha retratado la operaci n Kitchen como un operativo parapolicial ilegal "concebido" por la c pula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy con la finalidad "bastarda" de hallar documentaci n en poder del extesorero Luis B rcenas que pudiera resultar incriminatoria para el PP. El fiscal anticorrupci n, que pide 15 a os de c rcel para el exministro del Interior Jorge Fern ndez D az, ha defendido ante la Audiencia Nacional la necesidad de condenar al resto de acusados de la c pula de Interior entre 2013 y 2015 y a Sergio R os, exconductor de B rcenas captado como confidente de la trama y que despu s obtuvo un puesto como Polic a Nacional.

"El operativo fue concebido en la misma c pula del Ministerio del Interior. Hay que tener en cuenta el puesto que todos y cada uno de los acusados ocupaba", ha recalcado. A trav s de audios, mensajes, grabaciones, anotaciones en la agenda del excomisario Jos Manuel Villarejo y declaraciones de testigos el fiscal ve acreditado el dispositivo: la captaci n del ch fer Sergio R os, que este entreg documentaci n y dispositivos del extesorero que fueron clonados, la entrada en el taller de restauraci n de la mujer de B rcenas, Rosal a Iglesias, los seguimientos policiales a sta o el "control excesivo" que el extesorero sui en prisi n.

Los detalles

En m ltiples ocasiones ha reiterado que la meta era que la informaci n comprometedora del PP no acabase en el juez que investigaba G rtel, lo que constituir a un delito de encubrimiento en el que ser a irrelevante si "los acusados consiguieron o no su prop sito" de que sustraer pruebas. La operaci n no se comunic ni al juez ni a la Unidad de Delincuencia Econ mica y Fiscal (UDEF) que investigaban G rtel y la caja B del PP, y el fiscal considera que la introducci n de un parte en la plataforma policial GATI en 2015, dos a os despu s de los seguimientos, fue una "ficci n creada por los acusados para enmascarar la verdadera naturalez delictiva del operativo". Est acreditado, seg n el fiscal, "no solo el origen, sino tambi n el objeto, la finalidad y el desarrollo de todo el operativo parapolicial delictivo" y ya antes de captar al ch fer, al que llamaban "coci" o cocinero, se ha evidenciado el inter s de los acusados por recabar informaci n y documentaci n del extesorero.

A los acusados les atribuye "err ticas" y contradictorias la versiones para desmentir que ese fuese el objetivo de la operaci n y defender, por ejemplo, que lo que se pretend a era perseguir bienes del extesorero. Uno a uno ha ido repasando los elementos que apuntan a la participaci n de las siete personas a las que acusa. En el caso del exministro se ha basado en las pruebas que el ex secretario de Estado Francisco Mart nez aport despu s de que el comisario Enrique Garc a Casta o, exento de este juicio por enfermedad, decidiera confesar al juez que le entreg en un 'pendrive' el contenido de dispositivos pertenecientes a B rcenas.

Se trata de mensajes intercambiados con Fern ndez D az que Francisco Mart nez registr ante notario y a los que da veracidad el fiscal, pese a discutirlos la defensa del exministro. El fiscal ha subrayado adem s que los acusados cometieron malversaci n porque se emplearon fondos reservados para remunerar al ch fer con 2. 000 euros al mes, pese a que el dispositivo era il cito.

Qué dicen los expertos

Adem s, ha rechazado el relato del ch fer acerca de que deb a colaborar con la Polic a porque el marco es siempre el cumplimiento de la ley y "cualquiera sabe que no puede coger el m vil de un tercero y copiarlo sin su autorizaci n". El fiscal considera que el puesto como polic a de Sergio R os es parte de una remuneraci n por una operaci n il cita y pide anular su nombramiento. La Fiscal a ha mantenido las penas que ped a: 15 a os para el exministro y su n mero dos, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Polic a Eugenio Pino y el inspector Andr s G mez Gordo, exasesor de Mar a Dolores de Cospedal; 12 a os y medio para el ch fer y dos a os y medio para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Mart n Blas.

A Villarejo le pide la pena m s alta porque le atribuye un proyecto paralelo para buscar la nulidad del caso G rtel. El juicio continuar este jueves con los informes finales de otras acusaciones.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.