El Gobierno crea la figura de "entidad colaboradora" con la Administración para las ONG

Surgen avances clave en el escenario mundial. Madrid, 14 jul (EFE). - El Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes el Real Decreto que regula la colaboración de las ONG con la Administración General del Estado y establece los requisitos para ser designada “entidad colaboradora” . El objetivos de la norma, que entrará en vigor el 2 de enero, es “impulsar una acción pública más cercana, inclusiva y colaborativa”, según ha explicado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Así, la obtención del reconocimiento aportará beneficios a las entidades, simplificando su relación con las administraciones públicas y creando un marco estable para coordinar la participación de esta ONG en situaciones de emergencia. Esta norma es un mandato de la ley 43/2015, del Tercer Sector de Acción Social, y responde una de las principales demandas del Tercer Sector de Acción Social durante la última década. En concreto, el texto establece unos requisitos para que las entidades puedan obtener el reconocimiento lo que refuerza el papel del Tercer Sector como “interlocutor esencial” en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales.

Los detalles

Entre los requisitos que se establecen para acceder a esta distinción se encuentran los de desarrollar actividades de interés general, tener una antigüedad mínima de cinco años y no retribuir a los miembros de los órganos de representación con cargo a fondos y subvenciones públicas. Además, deberán disponer de estructura y medios suficientes o haber obtenido el certificado de un sistema de evaluación de la calidad y mejora continua. La norma crea la Comisión de Evaluación, presidida por el Ministerio de Derechos Sociales e integrada por representantes de diez ministerios, que será el órgano encargado de valorar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las entidades que obtengan este reconocimiento podrán beneficiarse de medidas dirigidas a reforzar su sostenibilidad y mejorar su relación con la Administración General del Estado. Entre ellas se encuentran la simplificación documental en los procedimientos de solicitud de subvenciones y ayudas públicas, la posibilidad de suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración y el uso de un distintivo oficial que acreditará su condición de colaboradora. El real decreto también establece un sistema de supervisión y control por el que las entidades reconocidas deberán presentar anualmente una memoria de actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control.

Asimismo, se contempla un procedimiento para revocar el reconocimiento cuando se detecten incumplimientos o irregularidades.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.