El Gobierno de España descarta enviar un nuevo embajador a Nicaragua
El Gobierno de España descartó nombrar un nuevo embajador en Nicaragua y mantendrá su representación en Managua al nivel de encargado de negocios, una decisión que confirma la continuidad del distanciamiento con el...
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Estas son las últimas noticias de todo el mundo: El Gobierno de España descartó nombrar un nuevo embajador en Nicaragua y mantendrá su representación en Managua al nivel de encargado de negocios, una decisión que confirma la continuidad del distanciamiento con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que, según fuentes del Ejecutivo español citadas por Europa Press y replicadas por Despacho 2025, se sostiene sobre “mínimos contactos” con las autoridades nicaragüenses. La embajada española sigue sin embajador desde 2022, cuando el régimen expulsó al entonces jefe de misión, Sergio Farré Salvá. Madrid respondió de forma recíproca: retiró las credenciales al embajador nicaragüense en España, Mauricio Carlo Gelli, y le pidió salir del país europeo.
La medida deja la interlocución política en manos de funcionarios de menor rango y reduce la relación bilateral a los canales diplomáticos esenciales. Aunque no hubo ruptura formal de relaciones, el Gobierno español no prevé por ahora elevar el nivel de su representación. Según informó Despacho 505, la decisión anunciada en Madrid también se inscribe en la posición de la Unión Europea frente a las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen nicaragüense.
Los detalles
La falta de un embajador refuerza esa línea de distancia política y diplomática. La crisis bilateral se arrastra desde 2021 y se agravó con la expulsión de 2022Las tensiones entre ambos países se intensificaron en 2021, cuando el régimen acusó a España de una “continua intromisión” en los asuntos internos de Nicaragua. Madrid contestó llamando a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y rechazó de forma “tajante” esas acusaciones.
El deterioro se profundizó después con la escalada represiva contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y líderes religiosos. Ese escenario terminó de alejar cualquier posibilidad de normalización entre Madrid y Managua. En 2023, Ortega y Murillo despojaron de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses, entre ellos opositores, académicos, empresarios, estudiantes, periodistas y antiguos funcionarios públicos.
España respondió ofreciendo la nacionalidad española a los afectados y amplió esa posibilidad a otros opositores que seguían encarcelados en Nicaragua. España limita la relación a contactos esenciales con el régimenLa posición actual del Ejecutivo español responde de forma directa a la pregunta central sobre el vínculo entre ambos países: España mantiene abierta su representación diplomática en Managua, pero la deja en un nivel mínimo y sin intención inmediata de enviar un nuevo embajador. Esa fórmula preserva los contactos indispensables sin avanzar hacia una normalización política.
Qué dicen los expertos
De acuerdo con la publicación, esa decisión confirma que la relación con el régimen nicaragüense continúa lejos de recomponerse. El canal formal existe, pero el diálogo de más alto nivel sigue bloqueado desde la expulsión de Farré Salvá en 2022 y la posterior respuesta de Madrid. El Parlamento Europeo denunció la represión en Nicaragua Las decisiones de España se presentan en consonancia con el Parlamento Europeo, que recientemente denunció la “vulneración de los derechos” y la “represión” por parte del régimen de Nicaragua.
En una resolución, los eurodiputados pidieron la excarcelación de todos los presos políticos y la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica, que incluye a Nicaragua. Esta resolución fue reportada por Europa Press el pasado 18 de junio. La Eurocámara criticó la “represión sistemática” ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando prácticas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios sin garantías, exilio, desnacionalización, confiscaciones y crímenes de lesa humanidad.
La resolución también denunció la persecución contra iglesias cristianas, pueblos indígenas, sociedad civil y opositores políticos, demandando la restitución de organizaciones disueltas y la garantía de libertad religiosa.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.
