Kenia López Rabadán exige “respuesta clara y con transparencia” de Marina del Pilar tras audios filtrados

Surgen avances clave en el escenario mundial. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió este miércoles a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que responda con “claridad y transparencia” sobre los audios filtrados en los que se le escucha hablar con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses sobre su visa cancelada, posibles cargos penales y su disposición a compartir información de las mesas de seguridad nacionales, mismos que se dieron a conocer esta semana. López Rabadán cuestiona a la gobernadora de Baja CaliforniaEn conferencia de prensa, la diputada presidenta sostuvo que los audios -cuya autenticidad reconoció la propia Ávila Olmeda- plantean dudas sobre una posible combinación entre gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que la gobernadora tiene acceso por su responsabilidad pública. Le solicitó fijar una posición pública y responder con claridad los siguientes cuestionamientos:¿Con quién sostuvo esas conversaciones y qué representación tenían esos interlocutores?

¿Buscaba recuperar su visa o saber si existía una investigación en su contra? ¿Por qué le fue retirada la visa? ¿Existe alguna acusación, expediente o requerimiento en su contra en Estados Unidos?

Los detalles

¿Las autoridades mexicanas conocían esas comunicaciones y la razón de haberlas hecho? “Por sanidad democrática y por respeto a quienes pagan impuestos, debe transparentarse todo asunto que involucre a servidores públicos y alcance una dimensión de interés nacional”, señaló. Esto dicen los audios que comprometen a Marina del PilarEl escándalo estalló el 21 de junio de 2026, cuando el periodista Héctor de Mauleón publicó una grabación en la que se escucha la voz de Ávila Olmeda conversando con personas que se presentaron como asesores externos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

En el audio, los interlocutores plantearon la posibilidad de organizar una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana para abordar posibles sanciones o procedimientos administrativos en su contra. La gobernadora reconoció que la voz era la suya. El 13 de julio, De Mauleón publicó una segunda grabación que profundizó el escándalo.

En ella, un interlocutor identificado como asesor externo del FBI le comunicó a la gobernadora que las agencias estadounidenses “sienten que han perdido el tiempo” con ella y le ofrecieron lo que describió como “la última oportunidad para frenar los cargos o sanciones a tiempo”. La parte más comprometedora del segundo audio llegó cuando los interlocutores mencionaron una posible extradición. “¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?

Qué dicen los expertos

¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”, respondió la mandataria. “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar.

Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, aseguró Ávila Olmedo. La defensa de la gobernadora no convence a la oposiciónAnte el escándalo, el Gobierno de Baja California emitió un comunicado en el que Ávila Olmeda sostuvo que los audios corresponden a fragmentos de una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, “sin acreditar formalmente dicha representación”. Lo anterior ha resaltado sobre la condena pública, debido a que hay cuestionamientos sobre la verificación de a quién le estaría brindando información sensible, no solo de su gobierno sino de la recibida por parte del Gobierno Federal.

Defendió que las referencias a compartir información de seguridad corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades de ambos países como entidad fronteriza, “se realiza dentro del marco legal”. López Rabadán reconoció que la gobernadora tiene todo el derecho de contratar abogados y gestionar la recuperación de su visa, pero advirtió que el problema surge cuando dentro de esa gestión personal se habla de información proveniente de las mesas de seguridad y de contactos con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses:“No se trata de especular ni de prejuzgar. Se trata de esclarecer dónde termina una gestión personal y dónde comienza el ejercicio de una responsabilidad pública”.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.