La Abogacía del Estado apoya la regularización por la seguridad social y la recaudación

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La Abogacía del Estado defiende la regularización porque fortalecerá la seguridad social y la recaudaciónEl reto migratorioLos servicios jurídicos del Gobierno se oponen a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE como pretende el Supremo al entender que el proceso no afecta a Europa, sino que es política migratoria nacionalLos seis puntos polémicos que el Supremo advierte sobre la regularización “masiva” de inmigrantesGrandes colas en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) por la regularización de inmigrantes. Miquel Gonzalez Carlota Guindal, Joaquín Vera 03/07/2026 15:30 Actualizado a 03/07/2026 16:05 La Abogacía del Estado se opone a que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por un posible choque con la legislación europea de la decisión del Gobierno de llevar a cabo una regularización extraordinaria para los migrantes que lleven en España desde antes del 1 de enero del 2026. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal planteaba la posibilidad de acudir a Europa y preguntar a las partes implicadas en el asunto su criterio, entre ellas las comunidades de Valencia y Aragón, que presentaron recurso contra el real decreto.

La Abogacía del Estado ha presentado las suyas y se opone a las seis dudas contra el decreto. En un escrito, al que ha tenido acceso La Vanguardia, los servicios jurídicos del Estado apelan a la humanidad no solo para negarse a las cuestiones prejudiciales, sino al planteamiento de suspender la tramitación de la regularización en caso de que el Supremo optara por acudir a la justicia europea. Su postura contraria a la suspensión de la regularización se sustenta en distintas justificaciones, como el carácter humanitario y de respeto a los derechos humanos, con especial énfasis en la protección de los menores; carácter económico, carácter demográfico, carácter cultural o social.

Los detalles

El Ministerio de Migraciones hizo ayer el primer balance sobre la regularización extraordinaria, que cerró el martes su primera fase de solicitudes con 1. 978 solicitudes de permisos de residencia y trabajo, desbordando todas las previsiones del Gobierno. Los expedientes que se encuentran en vías de tramitación, hasta ayer, ascendían a 609.

737, lo que supone casi el 52% del total. Migraciones pretende responder a todas las solicitudes —tanto favorables como denegadas— antes de agotar el plazo máximo de tres meses que marcaba el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros. La Abogacía defiende que la incorporación plena al sistema administrativo y económico “fortalece” la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral “más transparente y eficiente”.

Asimismo, permite garantizar a las personas extranjeras “el ejercicio efectivo de sus derechos y prevenir situaciones de explotación laboral”. En su escrito entregado al Supremo, argumenta que la regularización extraordinaria en ningún caso vulnera el derecho de la Unión Europea.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.