La Asamblea francesa vota una polémica ley sobre uso de armas por las fuerzas de seguridad

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. - La Asamblea Nacional francesa examina este martes el proyecto de ley de respuesta a la inseguridad cotidiana (Ripost), una controvertida iniciativa que busca modificar el tratamiento procesal de los policías y gendarmes que hagan uso de sus armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa, aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado 7 de julio, es objeto de una fuerte oposición ciudadana. Una petición contra el proyecto de ley sobre la presunción de uso legítimo de las armas por parte de las fuerzas del orden ha reunido más de 700.

000 firmas, lo que propició un nuevo examen parlamentario del texto. Coincidiendo con la votación, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la reforma en un artículo de opinión publicado hoy por Le Monde, en el que rechaza las acusaciones de que la norma establezca una presunción de legítima defensa o una mayor impunidad para los agentes. "Confiar en la policía y la gendarmería nunca significa apartarlas del control del sistema judicial", afirma el ministro, quien sostiene que el texto "no crea ni privilegios ni impunidad".

Los detalles

Según el ministro, la reforma pretende evitar que los agentes sean sometidos automáticamente a detención preventiva por homicidio voluntario tras un disparo cuando, desde un primer momento, existan indicios de que actuaron dentro del marco legal. Para justificar la iniciativa, Nuñez argumenta que la legislación aprobada en 2017 no provocó un aumento del uso de armas por parte de la policía. Según datos de la IGPN citados por el ministro, el número de disparos pasó de 394 en 2017 a 312 en 2018 y se situó en 217 en 2024, por debajo de la media anual registrada entre 2012 y 2024.

El proyecto, impulsado por diputados del bloque gubernamental y modificado por el Ejecutivo, ha generado una fuerte oposición entre asociaciones de derechos humanos, sindicatos de magistrados y abogados, que consideran que la iniciativa introduce de facto una presunción favorable a las fuerzas del orden. Entre otras medidas sancionadoras a infracciones del orden público, la ley también eleva el importe de la multa fija por delito de uso de estupefacientes a 500 euros.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.