La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La Junta Electoral Central pide precisar y objetivar los criterios para inscribir en el censo electoral a los nuevos españoles nacionalizados a través de la ley de nietos, como se conoce popularmente a la disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y que concede la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura. Hasta el 31 de marzo de este año unos 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad por esta vía, según el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Por este motivo, y tras recibir varios escritos de diferentes formaciones políticas, entre ellos Vox, haciendo alusión a la repercusión que este incremento pueda tener en el censo electoral, la JCE ha decidido solicitar a la Oficina del Censo un informe sobre la aplicación de la disposición actual, especialmente sobre los mecanismos de elaboración del Censo de Electores Residentes Ausentes que viven en el extranjero (CERA). El máximo órgano electoral solicita que se elabore una nueva instrucción para las Oficinas Consulares y encomienda a la Oficina del Censo la redacción de una instrucción que precise los criterios aplicables para determinar el municipio de inscripción electoral debiendo especificar cómo se debe acreditar el “mayor arraigo” propio o de los ascendientes, qué documentación justificativa se podrá aportar y cuáles son los “supuestos y criterios en los que procede que la oficina determine el municipio de inscripción de oficio”.

Los detalles

En el acuerdo, la Junta también rechaza las peticiones para suspender cautelarmente la elaboración del CERA, como solicitó el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal. Además, recuerdan que no le corresponde pronunciarse sobre los requisitos para acceder a la nacionalidad española ni valorar la Ley de Memoria Democrática, ya que esa competencia corresponde al legislador y, en su caso, a los tribunales.

Asimismo, subraya que el derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero está reconocido por la Constitución y que la Administración electoral debe aplicar la legislación vigente mientras no sea modificada.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.