La presión para regular el uso de redes sociales en menores vuelve a crecer en Estados Unidos

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. En Estados Unidos, la presión para regular las redes sociales y exigir responsabilidad a las grandes tecnológicas por los daños a menores volvió a crecer después de varios fallos judiciales, un nuevo impulso legislativo en el Congreso y una jornada de homenaje en Washington a jóvenes muertos por daños vinculados al entorno digital, en un país que sigue rezagado frente a prohibiciones ya adoptadas por otras naciones. El reclamo quedó expuesto el martes en la capital estadounidense, donde fueron recordados 270 niños y jóvenes fallecidos por daños en línea, entre ellos suicidio, intoxicación por drogas, acoso cibernético y retos peligrosos en redes sociales. La fecha, 23 de junio, fue impulsada por las familias como Día de Recuerdo de las Víctimas de Daños por Redes Sociales y desde 2024 el Senado aprueba cada año una resolución para reconocerla, según Associated Press.

Amy Neville y Kristin Bride, dos de las voces más activas del movimiento, perdieron a sus hijos adolescentes el mismo día: el 23 de junio de 2020. Sus hijos vivían a más de 1. 600 kilómetros de distancia, nunca se conocieron, pero ambos murieron por daños relacionados con el uso de redes sociales.

Los detalles

Neville contó que su hijo Alexander Neville, de 14 años, era “brillante e intenso”, tenía espíritu emprendedor y “la mejor risa del mundo”. Un vendedor de drogas lo contactó a través de Snapchat y le vendió la pastilla que lo mató. Bride compartió que su hijo Carson Bride era “la luz” de su familia, un chico gracioso y afectuoso que disfrutaba conectar con otras personas.

Murió por suicidio a los 16 años después de sufrir acoso cibernético grave. Litigios contra Meta y Google reactivaron la ofensiva por controles más durosEl giro más visible en Estados Unidos llegó este año con dos veredictos de jurado contra Meta y uno contra Google, que fortalecieron a quienes exigen más seguridad digital para niños y adolescentes. Las pruebas presentadas en esos procesos revelaron aspectos internos del funcionamiento de las compañías, incluidas comunicaciones de empleados que comparaban sus productos con prácticas ilegales.

Matthew Bergman, director del Social Media Victims Law Center, que representa a más de 1. 000 demandantes en litigios contra empresas de redes sociales, sostuvo que permitir que avanzara el juicio en Los Ángeles que acusa a estas plataformas de causar daños deliberados a menores ya fue, por sí mismo, un punto de inflexión. “Sigue siendo un obstáculo, pero ya no es una barrera”, afirmó Bergman sobre la protección legal que durante años blindó a las tecnológicas.

Qué dicen los expertos

Ese escudo es la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege a las empresas tecnológicas de la responsabilidad legal por contenidos publicados. Las demandas actuales intentan rodear esa cobertura al concentrarse no en el contenido, sino en las decisiones deliberadas de diseño de las plataformas. El contraste con otros países es marcado.

Australia, el Reino Unido, Turquía, Indonesia y otros ya aprobaron prohibiciones para que menores de 16 o 15 años usen plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, mientras que Estados Unidos no se acerca todavía a una medida de ese alcance. Congreso reabre el debate, pero los críticos ven una reforma debilitadaA nivel federal, la legislación estadounidense avanzó con lentitud. La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, en vigor desde 2000, exige que aplicaciones y sitios orientados a niños obtengan consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de menores de 13 años.

La semana pasada, legisladores de la Cámara de Representantes presentaron un acuerdo bipartidista llamado Ley de Seguridad Infantil en Internet y Seguridad Digital. El proyecto incorpora partes de la Ley de Seguridad Infantil en Línea (conocida como KOSA, por sus siglas en inglés), que el Senado aprobó en 2024. Los críticos sostienen que el nuevo entendimiento fue despojado de su componente principal: la llamada “obligación de cuidado”, un término jurídico que exige a las empresas adoptar medidas razonables para prevenir daños.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.