La suspensión de la pena de Aldama: ¿impunidad o necesidad para investigar la corrupción?

Surgen avances clave en el escenario mundial. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, recibió en su despacho a mediados de junio de 2025 al primer abogado que ejerció la defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El letrado estuvo desmenuzando allí durante una hora la información que el otrora poderoso miembro del Partido Socialista iba a aportar unos días después en su declaración a puerta cerrada en el Tribunal Supremo durante la instrucción del caso Koldo.

Pero nunca llegó a ocurrir. Lo que Luzón escuchó en su despacho no se reprodujo en el alto tribunal.

Los detalles

Ábalos siguió el mismo camino hasta el final, el de no reconocer ninguno de los hechos por los que finalmente acaba de ser condenado a 24 años y tres meses de prisión. Su compañero de banquillo Víctor de Aldama, el “nexo corruptor”, la persona que, según la sentencia, engrasó la maquinaria a razón de 10.

000 euros mensuales, que pagó un piso a la novia del entonces ministro o que se embolsó millones en comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, eligió el camino opuesto, el de declararse culpable. Y, a juzgar por el desenlace, le ha salido mejor que a nadie porque no tendrá que volver a pisar la cárcel, a pesar de haber sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por organización criminal y cohecho.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.