La "trampa" del traspaso de la AP-9 a Galicia: PSOE, Sumar y BNG aprueban una ley que deja a la Xunta sin garantías y expone a los gallegos a una factura de 4.000 millones
GALICIALa "trampa" del traspaso de la AP-9 a Galicia: PSOE, Sumar y BNG aprueban una ley que deja a la Xunta sin garantías y expone a los gallegos a una factura de 4.000 millonesDesde el consistorio gallego temen que...
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Estas son las últimas noticias de todo el mundo: GALICIALa "trampa" del traspaso de la AP-9 a Galicia: PSOE, Sumar y BNG aprueban una ley que deja a la Xunta sin garantías y expone a los gallegos a una factura de 4. 000 millonesDesde el consistorio gallego temen que esta transferencia les suponga un coste Compartir Facebook X - Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Copiar enlace Enviar por email ComentarVista de la AP-9, a su paso por Vigo. Salvador Sas/EFEJuan B.
Cañellas Santiago de CompostelaSantiago de CompostelaSEGUIR AUTORActualizado Lunes, 29 junio 2026 - 02:48Dieciocho años de espera, cinco iniciativas aprobadas por unanimidad en el Parlamento gallego y una proposición de ley cuyo trámite llegó a retrasarse hasta en 60 ocasiones en el Congreso. Ese es el largo recorrido que ha necesitado Galicia para que la Cámara Baja diera por fin el pasado jueves el primer paso hacia la transferencia de la AP-9 a la Xunta. El desenlace, sin embargo, resulta casi tan insólito como la propia batalla por el traspaso.
Los detalles
El Partido Popular, impulsor histórico de la iniciativa desde los tiempos en que Alberto Núñez Feijóo lideraba la oposición gallega, ha terminado votando en contra después de que PSOE, Sumar y BNG modificaran durante la tramitación el texto que durante años había sustentado el consenso político gallego. La batalla se trasladará ahora al Senado, donde los populares, amparados en su mayoría absoluta, ya han anunciado que intentarán revertir las consecuencias de una ley que consideran «inaceptable». El encontronazo nace de los cambios introducidos por las izquierdas en el texto pactado inicialmente que, para el Gobierno gallego, eliminan las principales garantías económicas con las que debía llegar el traspaso.
En concreto, desaparece el compromiso expreso de que el Estado asuma los gastos derivados de las decisiones que ha tomado durante todo el tiempo en que la Autopista del Atlántico ha permanecido bajo su titularidad. Tampoco garantiza que el Ejecutivo central siga financiando las obras ya comprometidas, las futuras inversiones, la ampliación de las bonificaciones a los usuarios o el recargo extraordinario del 1% anual que Audasa, actual concesionaria de la vía, tiene autorizado aplicar sobre los peajes hasta 2038. Pero el principal riesgo llega por la vía judicial.
La prórroga que sigue permitiendo a la empresa privada concesionaria de la AP-9 explotar la autopista durante dos décadas más —aprobada por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000—, ya fue considerada ilegal el pasado verano por la Comisión Europea al concluir que "vulneraba las normas comunitarias de contratación", lo que abre la puerta a que los tribunales puedan terminar anulándola. Si finalmente eso ocurre, la Xunta teme que los costes derivados de una decisión adoptada desde Madrid acaben recayendo sobre los contribuyentes gallegos. 000 MillonesSegún los cálculos facilitados por la Consejería de Vivienda e Infraestructuras a EL MUNDO, aceptar la proposición de ley en los términos actuales supondría una factura de 3.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.
