Las empresas colombianas revelaron la acción legal que se debe resolver para evitar un apagón durante el fenómeno de El Niño

Surgen avances clave en el escenario mundial. La presidenta del Consejo Gremial Nacional (CGN), Natalia Gutiérrez, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emita una decisión sobre una acción popular que ayudaría a evitar el apagón energético en el que podría verse involucrado el país. Según ella, la medida podría contribuir a mitigar la presión financiera sobre el mercado eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio. Sostuvo que la intervención del tribunal es relevante para atender la situación actual del sector eléctrico y reducir los riesgos asociados.

Vinculó esa urgencia con las deudas del sector, la situación de Air-e y la necesidad de contar con plantas térmicas disponibles ante un nuevo episodio del fenómeno de El Niño. La dirigente hizo el pronunciamiento en un hilo en X, en un momento en que el sector enfrenta presiones financieras y el país se prepara para un nuevo episodio del fenómeno de El Niño. “El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene hoy en sus manos una decisión que puede ayudar a evitar que Colombia se apague”, escribió.

Los detalles

Sostuvo que “el riesgo sistémico del sector eléctrico ya no es una hipótesis sino una realidad cada vez más apremiante”. El llamado quedó planteado como una advertencia sobre la confiabilidad del sistema y la continuidad del servicio. Qué pide la acción popular al sector energéticoEl proceso al que aludió corresponde a una acción popular presentada por Rafael Rincón Ordóñez y Santiago Vernaza Civetta contra la Nación – Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).

Los accionantes sostienen que actuaciones y omisiones de esas entidades amenazan derechos colectivos relacionados con el acceso a los servicios públicos, la prestación eficiente del servicio de energía, la moralidad administrativa, la libre competencia económica, el manejo de los recursos naturales y el derecho a un ambiente sano. De acuerdo con el documento radicado ante el Tribunal, las entidades demandadas deben adoptar medidas dentro de sus competencias para evitar la vulneración de esos derechos. Los demandantes afirman que la planeación energética vigente se elaboró con supuestos que dejaron de cumplirse, porque la demanda de energía creció por encima de lo previsto y varios proyectos de generación y transmisión presentan retrasos.

En la reforma posterior de la demanda, los abogados reiteraron que esa combinación, junto con diversas decisiones regulatorias, configura un riesgo para el abastecimiento. “La demanda de energía ha crecido a ritmos superiores a los previstos, mientras que la oferta —tanto de activos de generación como de transmisión de energía— ha crecido a ritmos sustancialmente inferiores a los previstos”, apuntó. La misma reforma añade que “el suministro de energía en el país está en riesgo en el corto, en el mediano y en el largo plazo”.

Qué dicen los expertos

Los accionantes sostienen que esa situación exige actualizar la planeación energética y remover obstáculos para la entrada en operación de nuevos proyectos. Dentro de las pretensiones del proceso figura que el Tribunal declare la vulneración de los derechos colectivos invocados y ordene medidas para protegerlos. Los demandantes piden:Completar la integración de la Creg.

Pagar subsidios adeudados a los agentes del mercado eléctrico. Presupuestar adecuadamente las obligaciones del sector. Actualizar la planeación energética nacional.

Facilitar la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión. Conformar una mesa de concertación con los actores de la cadena eléctrica. Un plan de acción para atender las consecuencias derivadas de las presuntas omisiones señaladas en la demanda.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.