Los grupos del Congreso se dan más tiempo para negociar las conclusiones de la comisión sobre los atentados de 2017

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Los grupos del Congreso han decidido darse más tiempo para negociar e intentar aprobar las conclusiones de la comisión de investigación que crearon hace dos años y medio sobre los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña en agosto de 2017 y que fueron juzgados en 2021. La comisión, constituida al inicio de la legislatura en virtud de un pacto con ERC y Junts, se iba a reunir este martes a puerta cerrada para debatir los borradores de conclusiones de las distintas formaciones, pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, al final han optado por desconvocar la cita y darse más margen para seguir negociando. Y es que la consecución de un acuerdo no está resultando fácil porque mientras Junts y ERC quieren que la Cámara asuma "negligencias" por parte del Estado en la prevención de estos ataques, PSOE, PP y Vox lo rechazan.

Aunque admiten las dificultades para alcanzar un acuerdo, desde el PSOE explican que su intención es seguir trabajando para poder cerrarlo cuanto antes para reunir a la comisión y después elevarlo al Pleno para su aprobación definitiva. No obstante, evitan hablar de una nueva fecha para la reunión de la comisión. En concreto, Junts sostiene que "una parte de la responsabilidad" de los atentados se debió a "una negligencia o temeridad de los servicios secretos" por ocultar los vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es-Satty, el imán de Ripoll (Girona) considerado el cerebro de los ataques.

Los detalles

JUNTS VE INSUFICIENTE EL JUICIO Y DUDA QUE EL IMAN MURIERASegún Junts, se ocultaron esos lazos "por una decisión política", ya que los atentados tuvieron lugar a pocas semanas de la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre y se prefirió poner los "intereses políticos y partidistas" del Gobierno del PP "por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda la verdad de lo que acababa de suceder". Así, Junts hace suya la tesis que expuso en su día el comisario José Manuel Villarejo de que al CNI "se le fue de las manos" su relación con el imán de Ripoll y señala a la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía el 'popular' José Ignacio Zoido y a la responsable política de los Servicios de Inteligencia, a la sazón la vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría, pero también al actual Gobierno de coalición porque dicen estar convencidos de no se ha desclasificado toda la información sobre esta cuestión. Junts, que cuestiona incluso que el iman de Ripoll muriera en la explosión previa de Alcanar (Tarragona), defiende que la investigación judicial no resolvió todos los "interrogantes esenciales" sobre el "origen, la preparación y las posibles responsabilidades de los hechos" y pide que la Fiscalía impulse nuevas diligencia judiciales al respecto.

También Sumar apuesta por que la Fiscalía General del Estado valore el ejercicio de diligencias preprocesales de investigación "como mecanismo excepcional de satisfacción del derecho a la verdad". Además, defiende que impulse "un relato público, oficial, institucional y riguroso" sobre estos atentados "como condición para el cierre emocional colectivo, la dignificación las víctimas y la prevención de narrativas conspirativas". "FALLO INSTITUCIONAL GRAVE"Por su parte, ERC plantea que el Estado "falló en la prevención" y apunta a la existencia de una "posible negligencia en la gestión de la información" que el CNI y los Mossos disponían sobre Es Satty, pero no va tan lejos Junts.

"Sin afirmar que los servicios del Estado conocieran previamente la preparación concreta de los atentados, la comisión considera que existen indicios para apreciar una actuación presuntamente negligente", reza su propuesta. Para ERC, "la falta de transmisión de información a los Mossos antes de los hechos constituye un elemento central de posible negligencia institucional y evidencia un fallo en los estándares de coordinación, lealtad institucional y prevención que deben regir la actuación de los poderes públicos ante amenazas terroristas". Ese "fallo institucional grave", añade, obliga a exigir responsabilidades políticas y a hacer reformas estructurales para que no se repita.

Qué dicen los expertos

Junts, ERC y Sumar también coinciden en la conveniencia de que se desclasifique toda la documentación sobre estos ataques, algo que no contemplan socialistas ni 'populares'. MEJORA DE LA COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓNEn general, todos los grupos ven pertinente mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de inteligencia en materia antiterrorista y bases de datos. Sin embargo, el PSOE destaca que en los últimos años ya se han hecho avances en este sentido.

Los socialistas destacan la "responsabilidad" y "eficacia" de los Mossos y abogan por que la relación entre los cuerpos policiales y el CNI "se siga sustentando bajo el principio de lealtad mutua", por "formalizar los canales internacionales de alerta sobre personas o entornos de riesgo" y por mejorar la coordinación entre Prisiones y Fuerzas de Seguridad para detectar procesos de radicalización. En el apartado que dedican a la atención a las víctimas, los socialistas admiten que la coexistencia de diferentes fuentes de información (judiciales, sanitarias, policiales) ha generado "dificultades prácticas" en la identificación exhaustiva de todas ellas por lo que plantea "mejorar los sistemas de coordinación y registro" y reformar la ley de Víctimas del Terrorismo para recoger una "definición más amplia, inclusiva y material de víctima del terrorismo, ampliando su reconocimiento, asistencia y protección". De su lado, el PP admite que la radicalización de los terroristas y la preparación del atentado frustrado por la explosión de la casa de Alcanar, "como ocurre en muchos casos en los que se actúa con células pequeñas y aisladas, fue inadvertida por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en materia de crimen organizado y terrorismo", incluidos los servicios de inteligencia (CNI y CITCO), pero subraya que "en ningún caso se puede pretender que fue un acto de negligencia".

También quiere dejar constancia de que el imán de Ripoll "no era confidente ni colaborador" del CNI, la Policía o la Guardia Civil y de que el CNI "no tuvo la más mínima responsabilidad" en los atentados como tampoco "la tuvieron los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil". Asimismo, busca que quede constancia del "el uso partidista de la información" por parte del entonces del presidente catalán Carles Puigdemont, que negó que los Mossos hubieran recibido la alerta emitida en mayo de 2017 por la CIA sobre un posible atentado en Las Ramblas cuando después se demostró que no era cierto. NO HABÍA BOLARDOS EN LAS RAMBLASAdemás, el PP hace hincapié en que pese a haber un nivel antiterrorista cuatro y haber propuesto la Policía para las Navidades de 2017 la colocación de obstáculos en áreas concurridas como medida de prevención, eso no se hizo en Barcelona.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.