Magistrada Patricia Solano niega infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial de Costa Rica: “Seis casos no representan una infiltración”

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Solano, rechazó que el crimen organizado haya logrado infiltrarse en el Poder Judicial, al asegurar que los casos detectados corresponden a una proporción mínima del personal judicial y que todos fueron investigados oportunamente. Las declaraciones se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde respondió a consultas de los diputados sobre el funcionamiento del sistema judicial, la mora en la resolución de expedientes y el impacto del crimen organizado en las instituciones del Estado. Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el diputado Fernando Obaldía, de la bancada oficialista, se refirió a las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien el pasado 1.

º de julio afirmó en una conferencia de prensa que el crimen organizado y el narcotráfico estaban infiltrados en el Poder Judicial. Ante una pregunta directa sobre esa afirmación, Solano respondió de manera categórica: “No”. Posteriormente, un diputado oficialista insistió en que existen casos conocidos públicamente que demostrarían la presencia del crimen organizado dentro de la institución y consultó qué acciones está implementando el Poder Judicial para impedir nuevas infiltraciones.

Los detalles

En respuesta, la magistrada explicó que los casos identificados representan una cifra muy reducida en comparación con la totalidad de jueces del país. “Mil cien jueces y seis casos que se han dado corresponde a un 0,5% de todo el personal de la judicatura. De manera que esto no es una infiltración y los investigamos”, manifestó Solano durante la audiencia.

La presidenta de la Sala Tercera defendió que los mecanismos internos de control han permitido detectar y procesar esos casos, por lo que consideró incorrecto generalizar la situación y afirmar que el crimen organizado se encuentra infiltrado en el Poder Judicial. Debate por la mora judicialOtro de los principales temas discutidos durante la comparecencia fue la mora judicial y los tiempos de resolución de los recursos que llegan a la Sala Tercera. Desde la bancada oficialista se cuestionó la relación entre el presupuesto asignado a esa dependencia y la cantidad de expedientes resueltos cada año.

Durante la audiencia, el legislador Gonzalo Ramírez, de la bancada oficialista, afirmó que la Sala Tercera recibe cerca de ₡2,000 millones (USD 4 millones) anuales, pero únicamente resuelve por el fondo alrededor de 250 expedientes, por lo que solicitó una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Frente a esos cuestionamientos, Solano defendió el desempeño de la Sala y aseguró que los tiempos de respuesta son competitivos dentro del sistema judicial. Según indicó, el plazo promedio de resolución ronda los cinco meses, pese a que cada año ingresan aproximadamente 1,700 asuntos para conocimiento del tribunal.

Qué dicen los expertos

La magistrada afirmó que, en términos de productividad, la Sala Tercera mantiene uno de los mejores desempeños dentro de la Corte Suprema de Justicia. Reconocen trabajo contra los homicidiosDurante la sesión también hubo espacio para reconocer el trabajo de los cuerpos de investigación judicial en el combate contra la criminalidad. Diputados de oposición destacaron la labor realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, señalando que sus operativos han contribuido a la reducción de los homicidios registrada en lo que va del año.

Marco Badilla, diputado de Liberación Nacional, sostuvo que el trabajo conjunto de ambas instituciones ha permitido golpear estructuras criminales y disminuir los niveles de violencia, aunque consideró que esos resultados no siempre reciben el reconocimiento público correspondiente. La comparecencia contó además con la participación del fiscal general, Carlo Díaz, y del director del OIJ, Michael Soto, quienes acompañaron a la presidenta de la Sala Tercera durante la exposición sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en materia de seguridad y persecución del crimen organizado. La audiencia se desarrolló en medio del debate político sobre el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia organizada y la necesidad de reducir la mora judicial, mejorar la eficiencia de los tribunales y reforzar los mecanismos internos de control para garantizar la transparencia dentro del Poder Judicial.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.