Miles de personas se manifiestan en Manila contra el posible arresto de un senador

Surgen avances clave en el escenario mundial. Bangkok, 30 jun (EFE). - Miles de personas, convocadas por la influyente comunidad cristiana filipina Iglesia Ni Cristo (INC), se manifestaron este martes en el área metropolitana de Manila en apoyo al senador Rodante Marcoleta, que enfrenta una posible detención por presunta malversación de fondos en su campaña electoral de 2025. Los participantes pusieron en duda la actuación de la Oficina del Defensor del Pueblo, que anunció que en los próximos días presentará cargos contra el legislador que podrían derivar en su encarcelamiento inmediato sin derecho a fianza.

La acusación llega después de que el político liderase la investigación del desfalco de fondos públicos para proyectos contra inundaciones, "uno de los mayores casos de saqueo en la historia" del país, señaló el portavoz del grupo religioso, Edwil Zabala, que exigió al Gobierno "transparencia y rendición de cuentas", según recoge la prensa local. "Queremos que quienes están en el poder escuchen que, aunque encarcelen al senador, no dejaremos de exigir justicia para nuestros conciudadanos que fueron víctimas de un robo", añadió Zabala sobre Marcoleta, que también es miembro de la INC, señaló el medio Rappler. La Policía Nacional de Filipinas (PNP) informó que la manifestación, en la que participaron a unas 8.

Los detalles

000 personas, no contó con el permiso de las autoridades y colapsó varias carreteras en Ciudad Quezón, en el área metropolitana de la capital, indicó el medio Phil Star. En este sentido, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. , canceló al menos dos citas programadas para hoy para "seguir de cerca la situación", con especial atención en "la seguridad y el bienestar de los filipinos" afectados por la concentración, detalló a la prensa el secretario de la Oficina de Comunicaciones Presidenciales, Dave Gomez.

Marcoleta se enfrenta a una posible detención por presunta malversación de 75 millones de pesos (más de 1,2 millones de dólares) en la campaña electoral de 2025, unos cargos que, según el político, forman parte de un "esfuerzo coordinado" para impedirle participar en el juicio político previsto para el 6 de julio contra la vicepresidenta Sara Duterte, acusada de corrupción y abuso de poder. Para condenar a la número dos del Ejecutivo, hija del exdirigente Rodrigo Duterte (2016-2022), se requiere una mayoría de dos tercios del Senado, lo que resultaría en una inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público, mientras que la absolución solo necesita nueve votos. Los aliados del clan Duterte tienen suficiente influencia en la Cámara como para dificultar la destitución, aunque este poder se ha venido debilitando en los últimos meses, tras la detención del senador Jinggoy Estrada, la fuga de Ronald 'Bato' de la Rosa y, ahora, la posible detención de Marcoleta.

Sara Duterte fue elegida vicepresidenta en las elecciones de 2022, a las que concurrió en tándem con el actual presidente, pero la alianza se deterioró rápido y alcanzó su punto más critico en 2024, cuando la número dos del Gobierno afirmó públicamente haber ordenado matar al jefe de Estado si ella misma era asesinada.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.