Pensión de sobrevivientes: la Corte Constitucional unificó la regla de convivencia para acceder al beneficio

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La pensión de sobrevivientes en Colombia es definida por el Consejo de Estado como una prestación económica que busca proteger a la familia de un afiliado o pensionado que fallece. El beneficio permite que los miembros del grupo familiar reciban un ingreso mensual para contrarrestar el impacto económico de la pérdida. Por eso, tras una decisión de la Corte Constitucional, la pensión volvió a quedar bajo una regla única.

La Sala Plena reiteró que el requisito legal de convivencia no puede aplicarse en forma distinta cuando la persona fallecida era afiliada activa al sistema de pensiones o cuando ya tenía la condición de pensionada. Así las cosas, el que reclame la prestación como cónyuge o compañero (a) permanente debe acreditar al menos cinco años de convivencia con la persona fallecida. La exigencia opera por igual si el causante cotizaba al sistema o si ya recibía una pensión.

Los detalles

La Sala Plena advirtió que “no existe fundamento constitucional o legal que justifique un trato diferenciado entre el beneficiario del causante pensionado como para el del afiliado”. Con ese criterio, la corporación reafirmó que no pueden crearse categorías que dejen con menor protección a las familias de trabajadores que mueren mientras siguen activos en el mercado laboral. Con el fallo se remarca que el tiempo mínimo exigido para el cónyuge supérstite (esposo o esposa que sobrevive a su pareja tras el fallecimiento de esta) o el compañero (a) permanente es de cinco años.

También señala que no puede sostenerse que, por el solo hecho de que el causante fuera afiliado activo, ese requisito sea inexistente o inferior al previsto cuando ya se había pensionado. El caso que llevó la disputa a la Corte ConstitucionalLa decisión surgió de una acción de tutela presentada por un ciudadano que alegó la afectación de su derecho pensional. Según el expediente, primero obtuvo el reconocimiento de una prestación económica y después las autoridades competentes se la revocaron por completo para dividir el dinero en partes iguales con la cónyuge supérstite del trabajador fallecido.

La determinación cuestionada partió de una idea concreta: como el causante era un afiliado activo y no un pensionado, no hacía falta demostrar un período mínimo de vida en común para acceder a la condición de beneficiario. Dicho razonamiento terminó en una orden de reparto de la prestación que la Corte revisó. Al estudiar el caso, la Corte amparó los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante.

Qué dicen los expertos

Después dejó sin efectos la sentencia que había ordenado dividir la mesada sin revisar de forma correcta los tiempos previstos por la ley. Precedentes que los jueces debían aplicarPara el tribunal, el eje del caso también estaba en la obligación de respetar el precedente judicial. La corporación recordó que la doctrina ya estaba consolidada en la Sentencia SU-149 de 2021 de la Corte Constitucional y en la Sentencia SL-3507 de 2024 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera, la Corte examinó la actuación de los jueces de instancias previas y encontró fallas de argumentación. Frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, señaló que el tribunal cuestionado incumplió la carga de transparencia porque ni siquiera mencionó la providencia ni evaluó la esencia de su motivación jurídica. Respecto de la sentencia de unificación de la propia Corte Constitucional, la corporación indicó que el despacho encargado admitió que esa decisión existía, pero no cumplió con las cargas de suficiencia ni de idoneidad necesarias para apartarse de ella.

Según el alto tribunal, los jueces repitieron conceptos antiguos de la Sala Laboral que la propia corporación judicial ya había descartado. El alto tribunal también concluyó que la sentencia cuestionada dejó de aplicar precedentes vigentes para la jurisdicción laboral y constitucional. De acuerdo con la misma, el apartamiento no estuvo respaldado por argumentos propios y válidos que sostuvieran un cambio de postura.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.