Solomy Balungi, jueza ugandesa del TPI, denuncia racismo y machismo en las sanciones de Trump

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI) Solomy Balungi, de nacionalidad ugandesa, ha denunciado el carácter discriminatorio de las sanciones impuestas el año pasado contra ella y su colega la magistrada peruana Luz Ibáñez por la Administración de Donald Trump, a la que recientemente ha demandado para impugnar unas medidas "ilegales" que le vienen generando tanto a ella como a su familia un "gran daño" psicológico. "La decisión que dio lugar a nuestra sanción fue tomada por cinco jueces de la Sala de Apelación (... ) Tomamos esta decisión por unanimidad y solo seleccionaron a dos de nosotros para sancionarnos.

Así que, si alguien tenía alguna duda sobre el hecho de que la nacionalidad importa en este ámbito, ahí está la prueba", ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press, recordando que fue justo hace un año cuando el Gobierno de Estados Unidos las sancionó en represalia por la apertura, cinco años antes, de una investigación contra el personal estadounidense desplegado en Afganistán. Balungi ha incidido en su condición de mujer y su color de piel a la hora de criticar las medidas de Washington. "Yo procedo de Uganda, que pertenece al Sur Global.

Los detalles

Y mi colega de Perú, también procede del Sur Global. Es una mujer de piel oscura. ¿Qué se supone que debíamos pensar al respecto?

Porque cuando se ha tomado una decisión conjunta y solo se señala a dos de nosotras, significa que nos ven como un medio para cumplir un objetivo. Así, es mucho más fácil coaccionar o castigar", ha considerado. Además de Balungi e Ibáñez, formaron parte de ese quórum los magistrados Piotr Hofmanski, polaco; Howard Morrison, británico, y la canadiense Kimberly Prost, posteriormente sancionada por su participación en casos contra Israel, incluida la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

La magistrada ugandesa ha pronunciado estas palabras apenas un día después de presentar una demanda contra la Administración Trump precisamente junto a Prost y una tercera compañera del TPI, la beninesa Reine Alapini-Gansou. Balungi, que este jueves ha participado en un acto en el Ateneo de Madrid sobre las decisiones de Estados Unidos contra miembros del TPI, ha precisado que se trata de una denuncia "conjunta" de las tres y que, si bien sus efectos varían debido al origen distinto de cada una, "básicamente estamos diciendo lo mismo: que las sanciones son ilegales, inconstitucionales y contrarias al Derecho Internacional". "Nos encontramos en una situación difícil y queremos utilizar todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos de (poder) salir de ella (...

Qué dicen los expertos

) Nuestra vida cotidiana se ha vuelto muy difícil porque no podemos acceder a los servicios financieros. No podemos dar de alta ningún servicio. Nos han cancelado las tarjetas de crédito.

No podemos hacer transferencias a ningún sitio. Cobramos el sueldo, pero se queda ahí en la cuenta porque, en cuanto la transferencia que quieres hacer pasa por el sistema SWIFT (estadounidense), los bancos no la tramitan", ha relatado. En este sentido, la jueza de 70 años ha recurrido de nuevo a los orígenes para mostrar la situación a la que se enfrenta a raíz de las sanciones estadounidenses y que ha descrito como "muy incómoda".

"La mayoría de nosotros no somos de Europa. Aparte del daño emocional que supone que nos persigan por hacer nuestro trabajo, tenemos que soportar la dificultad de no poder atender las necesidades de nuestras familias, que también se ven afectadas psicológicamente", ha lamentado. "No podemos enviarles dinero.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.