Todos los acusados de violar en grupo a una menor en Bahía Blanca fueron condenados a siete años de prisión

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Este martes, siete hombres fueron condenados a siete años de prisión por la violación grupal de una joven de 17 años, ocurrida durante una reunión celebrada en una quinta de Médanos, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Luego de que se celebrara la última audiencia la semana pasada, la Justicia consideró a los acusados como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal. Según la sentencia dictada por el juez Hugo De Rosa, Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres fueron hallados responsables del ataque sexual.

El hecho se produjo la madrugada del 30 de noviembre de 2017, cuando la víctima asistió al festejo de cumpleaños junto a una amiga, donde se encontraba con un grupo de jóvenes con quienes mantenía una relación de confianza. Tras haberse analizado las pruebas, la sentencia estableció que los imputados utilizaron un juego de cartas con “prendas” para colocar a la adolescente en una situación de vulnerabilidad. Fue así que, después de que la joven se arrojara a un estanque como parte del juego, le ocultaron la ropa y la llevaron a una habitación.

Los detalles

De acuerdo con el fallo al que tuvo La Brújula, los acusados actuaron de manera coordinada y con acuerdo previo. Finalmente, lograron encerrar a la víctima en una habitación oscura, donde fue rodeada y sometida sexualmente por varios de los presentes. De hecho, reconocieron que la víctima pidió ayuda, mientras que una amiga intentó abrir la puerta y advirtió que llamaría a la Policía.

Además, tras reconocerse la existencia de una planificación y una ejecución conjunta, se aplicó la figura de coautoría funcional, es decir, la responsabilidad no dependía solo de quien ejecutó el acto material, sino del rol conjunto en la preparación y ejecución del delito. La Fiscalía, representada por Marcelo Romero Jardín, había solicitado 10 años de prisión, accesorias legales, costas y la detención inmediata de los acusados. Como agravantes, mencionó la nocturnidad, la lejanía del lugar, la planificación previa y el daño causado.

Mientras que el representante de la particular damnificada, Mauro De Mira, acompañó el planteo fiscal, reclamó una pena mayor de 12 años de prisión para cada uno de los imputados. Por el contrario, las defensas pidieron la nulidad de la acusación y la absolución de los imputados. Uno de los puntos centrales del fallo fue que los siete condenados actuaron con un acuerdo previo, lo que permitió consumar la violación grupal.

Qué dicen los expertos

Por este motivo, el juez De Rosa enfatizó que la coautoría funcional implicaba que todos los partícipes compartían la responsabilidad penal del abuso. A pesar de haberse conocido la sentencia, el caso no cerró con esta condena, ya que De Mira confirmó que aún resta el debate judicial contra otros tres acusados que eran menores de edad al momento del hecho. Según confirmó, las audiencias del segundo juicio fueron programadas para los días 5, 6, 7 y 10 de agosto en el Tribunal de Menores.

Frente a esto, el abogado criticó que la víctima deba enfrentarse a un nuevo proceso judicial por el mismo episodio, calificando la situación como una “revictimización deshumana, inhumana”. Ante este planteo, la expectativa de la particular damnificada es que el Tribunal de Menores incorpore como prueba la declaración ya prestada por la víctima, a fin de evitar que vuelva a ser expuesta. “Esperemos que el Tribunal acepte como prueba la declaración de la víctima en esta causa y no tener que exponerla nuevamente para que vuelva a declarar”, señaló De Mira.

Por otro lado, el juez De Rosa descartó la detención inmediata de los condenados solicitada por el fiscal, tras argumentar que los imputados cumplieron con el proceso judicial, se presentaron cada vez que fueron convocados y no intentaron evadir la investigación. Sin embargo, hasta que la sentencia quede firme, dispuso prohibición de salida del país y prohibición de contacto con la víctima, ya sea directa o indirectamente, por cualquier medio.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.