Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

Surgen avances clave en el escenario mundial. El problema del absentismo laboral lleva varios días instalado en el debate político. Sobre todo después que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo calificara de “un cáncer” y afirmara que “una persona que no va a trabajar” no debería percibir los mismos ingresos que quienes sí acuden a su puesto de trabajo y cumplen con la presencialidad. Además, el aumento de las cifras de empleados que faltan al trabajo cada día y el impacto que esto supone a las arcas públicas y a las cuentas de las empresas han alimentado el juicio público.

Ante esto, los profesionales de la investigación privada, como los detectives, se han convertido en el gran recurso del tejido empresarial para averiguar cuándo una baja es fraudulenta y cuándo no. Vigilar a los empleados bajo sospecha es una práctica que está totalmente respaldada por la normativa del trabajo, y actualmente representa alrededor del 80% del volumen de trabajo de estas agencias en nuestro país, tal y como indica la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). La icónica imagen del detective persiguiendo a cónyuges a escondidas ha pasado a la historia.

Los detalles

Ahora, estos profesionales descubren a diario casos flagrantes, desde supuestos lesionados que levantan trofeos deportivos hasta quienes aprovechan el descanso prescrito para trabajar en la construcción de su propia vivienda. David Blanco, CEO de Gran Vía Detectives y presidente de la Asociación de Detectives de la Comunidad de Madrid, confirma a Infobae que “el trabajo de los detectives se ha dedicado durante muchos años al ámbito familiar, de los divorcios, pero eso ya hace varios años que pasó a un segundo plano”. “Lo que es la parte sentimental ha quedado bastante relegada a un mínimo porcentaje”, asegura el experto, añadiendo que “prácticamente el resto es laboral, que es donde está la contundencia de nuestro trabajo”.

“La única herramienta que tienen las empresas para poder combatirlo”¿Por qué las empresas acuden cada vez más a estos servicios? La respuesta está en la escasez de alternativas legales. “La cuestión de que haya aumentado tanto es porque somos uno de los poquísimos recursos que tiene el empresario para protegerse ante este fenómeno de fraude laboral”, explica Blanco, quien advierte que “no hay nada en el organigrama jurídico y social que permita al empresario protegerse o defenderse de esto”.

Algo con lo que está de acuerdo Rubén, responsable de Centinela Detectives, señalando que “la única herramienta que tienen las empresas para poder combatirlo somos nosotros”. Según explican los detectives, el principal escollo para las compañías es que quien decide abusar del sistema tiene una alta sensación de impunidad. Blanco aclara que “al trabajador le sale gratis defraudar” porque “si finge bien la baja, se puede tirar en esa situación hasta dos años”.

Qué dicen los expertos

Y, en el caso de que el empleador decidiera despedirle sin un buen informe que lo avale, asume un mayor riesgo, ya que los tribunales suelen fallar a favor del empleado, obligando a la empresa a readmitirlo y, en ocasiones, teniendo que abonarle una indemnización y los salarios atrasados. Límites legales y sospechas previasPara ejercer este control, las empresas se amparan en el ordenamiento de las relaciones laborales, el cual otorga al empresario la capacidad de adoptar medidas para comprobar que las dolencias argumentadas por sus trabajadores son ciertas. Pero es necesario que exista una base racional que justifique la injerencia, descartando por completo el espionaje generalizado.

Así, la intervención de los detectives “comienza cuando a la empresa le entran las sospechas, ya sea por alguna comunicación del propio trabajador o por filtraciones, o simplemente por compañeros que le han visto en determinadas localizaciones”. En la misma línea, David Blanco detalla que ellos no pueden “investigar indiscriminadamente a todos los trabajadores de una empresa, ni hacer una investigación prospectiva a ver si a alguno se le puede quitar la empresa de en medio”. Por otro lado, el marco legal que rige la seguridad privada prohíbe tajantemente la intromisión en el interior de los domicilios o en espacios donde exista una clara expectativa de privacidad, así como intervenir las comunicaciones del investigado.

“No somos unos mercenarios que trabajamos sin ningún tipo de control”, defiende David Blanco, recordando que operan bajo normativas muy concretas y se exponen a fuertes sanciones administrativas si cruzan esas líneas rojas. Y Rubén refuerza este punto al asegurar que “el servicio se desarrolla siempre en el ámbito público. No se pueden realizar grabaciones que transcurran en ámbitos privados o que puedan vulnerar la intimidad”.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.