Abelardo de la Espriella pidió investigar presuntos acuerdos entre el Clan del Golfo y Gobierno Petro: “Nadie estará por encima de la ley”

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le pidió a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, que evalúe toda la información disponible y promueva denuncias penales, actuaciones disciplinarias y otras medidas ante las autoridades competentes por los supuestos hechos relacionados entre el Clan del Golfo y funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. “He instruido al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su calidad de director del Comité de Empalme Anticorrupción, para que adelante todas las acciones jurídicas e institucionales que sean necesarias frente a los graves hechos conocidos por el país. En Colombia nadie estará por encima de la ley y toda actuación será investigada con rigor, dentro del Estado de Derecho (sic)”, indicó De la Espriella.

La orden quedó consignada en una carta firmada en Barranquilla el 28 de junio de 2026. Allí también señaló que instruyó al vicepresidente electo para adelantar “todas las acciones jurídicas e institucionales que sean necesarias” frente a hechos que calificó como graves. De la Espriella vinculó esa decisión con “recientes revelaciones periodísticas” sobre presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y esa organización.

Los detalles

“Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”, indicó el presidente electo. Las actuaciones que pidió evaluarLa primera orden fue revisar de forma integral la información disponible y definir qué acciones corresponde impulsar ante las autoridades competentes. Ese punto incluye la promoción de denuncias penales, procesos disciplinarios y otras actuaciones legales.

Evaluar integralmente la información disponible y promover la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes, respecto de los hechos revelados y de los funcionarios que eventualmente pudieran resultar comprometidos”, expresó De la Espriella. La segunda instrucción fue incorporar al análisis las actuaciones atribuidas a Danilo Rueda Rodríguez ex alto comisionado para la Paz. El objetivo, según la carta, es establecer si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes.

Incluir dentro de dicho análisis las actuaciones atribuidas al señor Danilo Rueda Rodríguez, en su condición de Ex alto Comisionado para la Paz a partir de la información divulgada públicamente, con el propósito de determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes”, indicó el mandatario electo. La tercera medida planteada por De la Espriella fue remitir la información pertinente al Departamento de Justicia de Estados Unidos por los canales institucionales y diplomáticos competentes. La carta precisa que esa entrega sería para su conocimiento y evaluación en asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia.

Qué dicen los expertos

La cuarta instrucción fue estudiar si corresponde poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales competentes. Esa posibilidad aplicaría si la naturaleza de las conductas investigadas pudiera comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos. Evaluar la procedencia de poner los hechos en conocimiento de los organismos internacionales competentes, cuando la naturaleza de las conductas investigadas pueda comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos”, indicó.

Sobre autoridad y escrutinio judicialDe la Espriella indicó que la decisión en el mandato que, según escribió, recibió de más de 13 millones de colombianos para restablecer la autoridad legítima del Estado, garantizar la seguridad y combatir la criminalidad organizada. También pidió que las instrucciones se atiendan con diligencia y que se le informe sobre las actuaciones adelantadas y las decisiones adoptadas. La carta plantea que la recuperación del orden público debe ir acompañada de investigaciones formales cuando existan motivos suficientes para abrirlas.

Bajo esa premisa, la directriz insiste en que ningún servidor público quede al margen del escrutinio de la justicia. “Solicito que estas instrucciones sean atendidas con la mayor diligencia y que se me informe oportunamente sobre las actuaciones adelantadas y las decisiones adoptadas”, aseveró Abelardo de la Espriella.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.