Diresa Huánuco enfrenta desalojo el 10 de julio: Defensoría alerta riesgo para vacunas, vigilancia epidemiológica y salud pública

Surgen avances clave en el escenario mundial. La continuidad de los servicios de salud pública en Huánuco permanece bajo incertidumbre a pocos días de una diligencia judicial que podría afectar el funcionamiento administrativo y técnico de la Dirección Regional de Salud (Diresa). La situación movilizó tanto a autoridades como a trabajadores, mientras distintas entidades evalúan medidas para evitar una interrupción de funciones esenciales. El inmueble ubicado en el jirón Dámaso Beraún N.

° 1017 continúa en el centro de las gestiones entre el Gobierno Regional de Huánuco y la Sociedad de Beneficencia de Huánuco. Las negociaciones buscan alcanzar un acuerdo antes del desalojo previsto para el 10 de julio, fecha fijada por mandato judicial. En paralelo, la Defensoría del Pueblo intervino mediante acciones dirigidas al Poder Judicial y a las autoridades regionales, con el objetivo de advertir sobre las posibles consecuencias que tendría una paralización de actividades relacionadas con la vigilancia epidemiológica, el almacenamiento de vacunas y otros servicios vinculados a la salud pública.

Los detalles

Defensoría advierte riesgos para la continuidad del servicioLa Defensoría del Pueblo informó, mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, que el Programa de Litigio Estratégico de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales alertó al juez del Primer Juzgado Civil de Huánuco sobre los riesgos que implicaría el desalojo del inmueble ocupado por la Dirección Regional de Salud. Según la institución, la diligencia judicial prevista para el viernes 10 de julio podría generar una interrupción en la continuidad del servicio de salud pública. En ese contexto, también expresó preocupación por la actuación del Procurador Público del Gobierno Regional de Huánuco y de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la resolución judicial N.

° 00544-2019-0-1201-JR-CI-01. La Defensoría señaló: “No obstante, llama la atención la desidia por parte del Procurador Público del Gobierno Regional de Huánuco y de la ‘Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la resolución judicial n. ° 00544-2019-0-1201-JR-CI-01’, pues a pesar del riesgo inminente de la afectación al derecho a la salud de las personas y la comunidad huanuqueña, hasta la fecha no han ejercido la defensa judicial ante dicha diligencia, ni han remitido información sobre la existencia del Plan de Contingencia respectivo”.

El organismo también indicó que una eventual interrupción de actividades afectaría la vigilancia epidemiológica, la supervisión sanitaria y la conservación de vacunas y otros productos biológicos, cuya eficacia depende del mantenimiento de la cadena de frío. Asimismo, exhortó a las autoridades involucradas a adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio en beneficio de la población. La institución añadió que permanecerá vigilante de la actuación del Poder Judicial, del Procurador Público del Gobierno Regional y de la comisión encargada del seguimiento del proceso judicial, con el propósito de asegurar también la realización de pruebas diagnósticas relacionadas con enfermedades como tuberculosis, VIH/Sida, dengue, sífilis y hepatitis B.

Qué dicen los expertos

Negociaciones para mantener la sede de la DiresaMientras avanza el proceso judicial, el Gobierno Regional de Huánuco mantiene conversaciones con la Sociedad de Beneficencia para lograr un contrato de alquiler que permita a la Dirección Regional de Salud continuar en el inmueble que ocupa desde hace varias décadas. El gerente regional, Ronald Acuña Sobrados, explicó que la administración regional sostuvo reuniones con el directorio de la Beneficencia y manifestó que la alternativa inmediata consiste en aprobar el arrendamiento del local antes de la fecha fijada para el lanzamiento judicial. De acuerdo con el funcionario, la propuesta del Gobierno Regional contempla un pago mensual de S/30 mil, mientras que la Beneficencia planteó inicialmente una renta de S/40 mil.

El monto definitivo deberá ser definido por el directorio de esa entidad. Acuña también indicó que uno de los principales temas pendientes corresponde a la deuda acumulada por el uso del inmueble. Señaló que, al tratarse de instituciones públicas, cualquier determinación sobre ese aspecto requiere respaldo técnico y legal, por lo que el Gobierno Regional propuso que el monto sea establecido mediante arbitraje o por la vía judicial.

Trabajadores exigen una respuesta antes del desalojoLa incertidumbre frente al proceso judicial motivó una movilización de trabajadores de la Dirección Regional de Salud hacia la sede del Gobierno Regional de Huánuco. Los manifestantes solicitaron una solución inmediata frente al riesgo de perder el local institucional. Durante la protesta, expresaron preocupación porque, según indicaron, todavía no existe una medida concreta que permita evitar el desalojo del inmueble perteneciente a la Sociedad de Beneficencia de Huánuco.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.