
“El Jimmy” y ”Paco Salazar“, ex servidores públicos de Nayarit, vinculados a proceso por desaparición forzada de 56 víctimas
La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a dos exfuncionarios de seguridad del estado de Nayarit acusados de desaparición forzada en agravio de 56 víctimas, en un caso que involucra presunto contubernio con...
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Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a dos exfuncionarios de seguridad del estado de Nayarit acusados de desaparición forzada en agravio de 56 víctimas, en un caso que involucra presunto contubernio con la delincuencia organizada. Los imputados son el excomandante de la Policía de Nayarit, Jaime Gabriel “N”, alias “El Jimmy”, y el exescolta del exfiscal estatal Édgar Veytia, Francisco Alfonso “N”, alias “Paco Salazar”. Ambos exservidores públicos habrían cometido los hechos aprovechándose de sus cargos en el área de seguridad estatal.
La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) aportó los datos de prueba suficientes ante el Ministerio Público Federal (MPF) para lograr la vinculación. Cargos diferenciados contra cada imputado“El Jimmy” enfrenta el delito de desaparición forzada. El juez fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Los detalles
El caso de “Paco Salazar” acumula una mayor cantidad de cargos. Además de desaparición forzada, se le imputan los delitos de ocultamiento, sepultamiento e inhumación de restos humanos de una persona. Su medida cautelar es también prisión preventiva oficiosa, pero con un plazo de investigación complementaria de seis meses.
La diferencia en los plazos refleja la complejidad adicional de los cargos que enfrenta “Paco Salazar” respecto a su coimputado. 56 víctimas y las fosas del predio La SauceraEl expediente registra 56 víctimas directas, cifra que dimensiona la gravedad del caso. La FGR relaciona a los imputados con al menos 55 cuerpos localizados en el predio La Saucera, en el municipio de Xalisco, donde se descubrió la llamada Fosa de los 21, catalogada como uno de los entierros clandestinos más profundos del estado.
En esa zona se hallaron otras fosas vinculadas a desapariciones masivas registradas en 2017 en Nayarit. Rosa María Jara Montes, coordinadora del colectivo En Busca de Nuestros Corazones A. , precisó que la cifra de 55 cuerpos corresponde a los restos localizados en ese predio, pero representa un mínimo: existen personas desaparecidas relacionadas con los hechos que aún no han sido encontradas.
Qué dicen los expertos
El vínculo con Édgar Veytia y la red de corrupción“Paco Salazar” era ex escolta y colaborador directo del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, quien cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por conspiración para distribuir narcóticos. El caso se inscribe en un patrón documentado de desapariciones forzadas cometidas entre 2017 y 2019 en Nayarit, atribuidas a funcionarios estatales en coordinación con grupos del crimen organizado. “Paco Salazar”, además, ya enfrentaba desde marzo de 2026 una vinculación a proceso por abuso de autoridad y asociación delictuosa en el fuero común.
El papel de la Fiscalía Especializada en Derechos HumanosLa intervención de la FEMDH subraya la naturaleza del delito: la desaparición forzada constituye una violación grave a los derechos humanos cuando es perpetrada por servidores públicos o con su aquiescencia. Fue esa fiscalía especializada la que aportó los datos de prueba que el MPF presentó ante la autoridad judicial para obtener la vinculación a proceso de ambos exfuncionarios. El proceso penal se encuentra ahora en etapa de investigación complementaria, con plazos distintos para cada imputado.
Compromiso institucional y presunción de inocenciaLa FGR reiteró su "compromiso con las víctimas y con la sociedad" para el esclarecimiento de los hechos, así como para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. La institución precisó que tanto Romero Montejo como Salazar Velazco gozan de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. La vinculación a proceso no equivale a una condena: es la resolución judicial que determina que existen datos suficientes para continuar el proceso penal y que el imputado debe enfrentarlo, en este caso, desde prisión preventiva.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.



