El juez y el fiscal que investigan los desmanejos en el departamento de Nisman deberán definir la situación de Sergio Berni

Surgen avances clave en el escenario mundial. La Cámara Federal de Apelaciones porteña instó a definir la situación procesal del exsecretario de Seguridad Sergio Berni y de un grupo de exfuncionarios que se encuentran imputados en la investigación por las irregularidades cometidas en el departamento del fiscal Alberto Nisman la noche en que hallaron su cuerpo sin vida. El tribunal advirtió sobre las demoras en el expediente y demandó que se resuelvan las responsabilidades de los involucrados sin más dilaciones. La resolución judicial se conoció en el marco de la confirmación del procesamiento de la exfiscal Viviana Fein.

Al analizar el expediente, los camaristas de la Sala II de Comodoro Py, Martín Irurzun y Eduardo Farah, señalaron que, si bien la fiscalía formalizó en su momento una imputación contra Berni y otros exmiembros de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo, el trámite se encuentra estancado. Los imputados presentaron sus descargos de manera espontánea, pero el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, todavía no emitió los dictámenes correspondientes para resolver sus situaciones legales. Ante este escenario, la Cámara Federal porteña encomendó al juez del caso, Julián Ercolini, y a la fiscalía que impriman celeridad a una causa que calificó como “ya dilatada”.

Los detalles

El objetivo de la directiva es avanzar con las medidas pendientes para determinar de manera urgente si los imputados deben ser llamados a indagatoria, sobreseídos o si se les dictará la falta de mérito. Además de Sergio Berni -actual senador bonaerense-, la lista de exfuncionarios bajo la lupa judicial incluye a Darío Ruiz, quien se desempeñó como subsecretario de Seguridad, al exjefe de la Policía Federal, Román Di Santo, y al exjefe de la Prefectura Naval, Luis Alberto Heiler. Todos ellos estuvieron presentes en el edificio Le Parc, ubicado en el barrio de Puerto Madero, durante las primeras horas del procedimiento tras el descubrimiento del cadáver del fiscal el 18 de enero de 2015.

La investigación penal busca determinar si existió un plan coordinado para alterar la escena del hecho o si se cometieron delitos en el ejercicio de las funciones públicas. La sospecha principal radica en que el ingreso indiscriminado de personas y la falta de preservación del lugar perjudicaron la recolección de pruebas clave para esclarecer la muerte de Nisman, la cual es investigada de forma independiente como un homicidio. Los jueces de la Cámara recordaron que diversas autoridades que transitaron por el departamento caminaron por los distintos ambientes e interfirieron en las tareas forenses sin tener asignada ninguna función específica vinculada al levantamiento de rastros.

Para el tribunal, estas conductas no pueden justificarse bajo el argumento de la trascendencia institucional del caso ni por la presencia de los familiares de la víctima en el lugar. El fallo remarcó que la preservación del departamento resultaba una tarea prioritaria que se descuidó desde el primer momento. Entre las anomalías detectadas durante aquella madrugada, se mencionaron la libre circulación de personas sin la vestimenta de protección adecuada, la manipulación incorrecta de objetos con valor probatorio y la omisión de registrar elementos que resultaban de vital importancia para la reconstrucción de lo sucedido.

De esta manera la Cámara Federal dejó en claro que el paso del tiempo sin definiciones concretas afecta la eficacia del proceso y posterga la obtención de respuestas definitivas en un caso de enorme trascendencia pública. A partir de esta directiva, el juez Ercolini y el fiscal Taiano tendrán que coordinar las acciones necesarias para cumplir con la exigencia de celeridad impuesta por el tribunal superior.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.