El Pleno del Congreso votará mañana la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

Surgen avances clave en el escenario mundial. El Pleno del Congreso votará este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, tras superar la semana pasada la votación en la Comisión de Derechos Sociales sin el apoyo del PP y Vox, según han confirmado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de este proyecto. Si se aprueba, tendrá que ser remitido al Senado. En concreto, el informe definitivo sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, fue aprobado el pasado jueves con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox, que votaron en contra.

Según explicó el diputado del PP Enrique Belda, en el debate previo a la votación, su voto en contra se debe a la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, aunque no descartó su apoyo en el Pleno si esto se corrige. "Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo", apuntó. Desde Derechos Sociales, han pedido el máximo consenso para aprobar la reforma por unanimidad y confían en que el PP lo apoye teniendo en cuenta la inyección económica de 6.

Los detalles

200 millones aprobada recientemente por el Gobierno para los años 2026 y 2027, que se traducirá, según explican, en la ampliación de las cuantías que el Gobierno ofrece a las CCAA para financiar la dependencia. Además, destacan que, en lo relativo a la ley de dependencia, el texto ha incorporado una enmienda para garantizar por ley que el Gobierno asuma el 50% de la financiación en dependencia. Entre los cambios que introduce la reforma, destacan la eliminación del régimen de incompatibilidades entre prestaciones; la inclusión de la figura del asistente personal, que podrá acompañar a la persona a hacer la compra o al médico, y la ampliación del concepto de cuidadores, permitiendo que amigos o vecinos puedan recibir la prestación por cuidado.

Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia y se eliminan las sujeciones. Mientras, en el ámbito de la discapacidad, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias en espacios públicos; se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para ayudar económicamente a las comunidades de vecinos, y se reconocerá un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia (un 65% para las que tengan un grado II o III de dependencia). A su vez, la norma prohíbe la discriminación en contratos de seguros para personas con discapacidad y se regula la figura de un facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales, entre otras medidas.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.