
Histórico reconocimiento de responsabilidad de un mayor general (r) por ‘falsos positivos’ ante la JEP: “Yo soy el máximo responsable”
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo en Barranquilla, los días 30 de junio y 1 de julio, una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en la que un mayor general (r), un brigadier...
July 31 — İsrail x Hizbullah ile kalıcı barış anlaşması...?
Estas son las últimas noticias de todo el mundo: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo en Barranquilla, los días 30 de junio y 1 de julio, una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en la que un mayor general (r), un brigadier general (r) y otros ocho militares retirados del Ejército Nacional reconocieron públicamente su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en la región Caribe. El momento central de la diligencia estuvo marcado por las palabras del mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, quien se convirtió en el oficial de más alto rango en reconocer responsabilidad ante la JEP por estos hechos. “Allá está el cartel que dice: ‘¿Quién dio la orden?
Yo soy el máximo responsable. Y vine para que ustedes me miren así”, expresó frente a las víctimas, los magistrados y el país. Giraldo Restrepo comandó la Décima Brigada Blindada entre diciembre de 2004 y junio de 2006, periodo en el que, según la investigación adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, se consolidó una de las etapas de mayor expansión del patrón criminal investigado dentro del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03.
Los detalles
Un reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimasDurante los dos días de audiencia comparecieron diez antiguos integrantes del Ejército Nacional ante más de 30 víctimas para aceptar su participación en un patrón criminal mediante el cual 604 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre entre enero de 2002 y diciembre de 2008. La investigación de la JEP determinó que entre las víctimas había 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada. De acuerdo con los hallazgos de la Sala de Reconocimiento, durante la comandancia de Giraldo Restrepo, el 100% de las bajas reportadas por la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured), el 82% de las registradas por el Grupo de Caballería Mecanizado No.
2 Rondón y el 55% de las atribuidas al Batallón de Artillería No. 2 La Popa correspondieron a civiles asesinados y posteriormente presentados como combatientes muertos en operaciones militares. Durante su intervención, el mayor general retirado también reconoció que permitió que las investigaciones disciplinarias adelantadas en ese momento no produjeran resultados efectivos.
“Era como estar frente al juicio de Dios. Escuchar cada relato de cada uno de ustedes (las víctimas), causa demasiado impacto en el alma y en el espíritu. El dolor le llega al fondo del alma”, manifestó.
Qué dicen los expertos
Asimismo, aseguró que el proceso adelantado ante la JEP transformó su visión sobre los hechos. “Soy una persona diferente. A veces me dicen, ¿usted a quién le debe que sea diferente?
, y les digo: a la JEP, que me aterrizó en la realidad, que me puso a tener demasiadas noches de insomnio y de autocrítica y auto percibirme qué fue lo que hice y qué dejé de hacer”, afirmó. La JEP documentó una estructura criminal organizadaSegún la investigación presentada por la Sala de Reconocimiento, los hechos no correspondieron a casos aislados, sino al funcionamiento de una macroestructura criminal organizada que operó en la región Caribe mediante presiones por resultados operacionales, incentivos institucionales y mecanismos de encubrimiento. La investigación estableció que integrantes de 19 unidades militares recurrieron al señalamiento de civiles como integrantes de grupos armados ilegales, al engaño mediante falsas ofertas de empleo y a la captación de personas en condición de vulnerabilidad para asesinarlas y posteriormente reportarlas como bajas en combate.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó el alcance de la investigación. “Muy pocas investigaciones judiciales logran explicar un fenómeno criminal desde su génesis hasta su desarticulación. Este subcaso Costa Caribe lo consiguió.
El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.





