$LIBRA: la querella rechazó el planteo que busca excluir a los inversores de la causa y denunció un “engaño estructural”

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: Por estas horas, en la causa judicial que investiga el desplome de la criptomoneda $LIBRA se discute si una de las querellas, integrada por inversores que perdieron dinero, debe continuar como parte dentro del expediente. Martín Romeo, uno de los compradores que representa a este grupo de damnificados, rechazó este jueves ese planteo, que introdujo la defensa del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales acusados. Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y nexo entre empresarios cripto y la Casa Rosada, había solicitado desplazar a los denunciantes particulares bajo el argumento de que las pérdidas económicas fueron el resultado de la volatilidad propia de un mercado de riesgo no regulado y no de una estafa.

A través de un escrito, la querella que lidera Romeo, con la representación legal del abogado Nicolás Oszust, solicitó el rechazo del planteo de la defensa y calificó los argumentos del acusado como “falacias dogmáticas”. Según el escrito presentado ante el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, la caída del activo digital no respondió a un infortunio financiero o a una fluctuación orgánica del mercado, sino a la ejecución de un plan delictivo planificado. Para los denunciantes, existió una maniobra de desapoderamiento doloso preprogramada, conocida en el ambiente como rug pull.

Los detalles

La discusión está en pleno desarrollo en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, deberá emitir su opinión y recién entonces habrá una resolución del juez, que es apelable ante la Cámara Federal porteña. Los querellantes mantuvieron una intensa actividad proponiendo pruebas e incluso pidieron la indagatoria del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otras 13 personas, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La solicitud finalmente no avanzó. La respuesta de la querellaEl núcleo de la respuesta de los inversores Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo se centró en desarmar la teoría de la defensa que apuntaba a la “autorresponsabilidad” de quienes compraron $LIBRA aquel 14 de febrero de 2025. La querella sostuvo que ese principio cede cuando las víctimas son sometidas a un escenario de fraude imposible de prever.

En ese sentido, afirmaron que los imputados no compitieron bajo las reglas del libre mercado, sino que alteraron las condiciones de juego mediante el tráfico de influencias, el uso de cuentas automatizadas para simular interés y la utilización de la figura del presidente de la Nación, Javier Milei, como el garante máximo de confianza. De acuerdo con el escrito de la querella, el posteo de Milei en las redes sociales con la difusión del contrato para adquirir el activo funcionó como el detonante de la maniobra. Según expresaron, “el aval del Jefe de Estado fue el ardid consumado”, una acción que generó un fenómeno de urgencia y ansiedad por comprar que nubló el juicio de los ahorristas.

Qué dicen los expertos

Romeo detalló que su decisión de adquirir los tokens se basó en una confirmación oficial y dirimente, luego de que el propio mandatario ratificara a una agencia de noticias internacional que el proyecto era genuino y que estaba destinado al financiamiento del sector privado. La querella introdujo el concepto de “engaño estructural” para demostrar que el desplome de la criptomoneda no respondió a un vaivén natural de las finanzas digitales, sino a una puesta en escena delictiva compleja y coordinada. Según los denunciantes, los acusados no compitieron bajo las reglas del libre mercado, sino que “alquilaron” la estructura del Estado para fabricar una falsa apariencia de legitimidad.

Para lograrlo, habrían pagado un soborno de 1. 000 dólares con el fin de acceder de forma exclusiva al presidente Javier Milei y utilizar la investidura de la máxima autoridad del país como una fachada de prestigio institucional que neutralizara las alertas de los compradores. Ese monto surge del borrador de un contrato denominado “Kelsier Group LATAM Agreement”, que forma parte de las pruebas incorporadas a la causa.

La presentación de los damnificados también rebatió el argumento de la defensa que pretendía catalogar a los compradores como “expertos” capaces de asumir el riesgo por el solo hecho de operar con billeteras virtuales descentralizadas. Los querellantes señalaron que el conocimiento técnico en criptomonedas no implica prestar consentimiento para ser estafado por una organización que utilizó la estructura del Estado para dotar de legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Asimismo, la querella recordó que la legitimación de los denunciantes para intervenir en el expediente ya fue validada previamente por la Cámara Federal de Apelaciones y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.