Los consejeros de Vox no asisten a la reunión sobre el reparto de menores extranjeros

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Valladolid, 1 jul (EFE). - Los consejeros de Vox que gestionan la atención a menores extranjeros no acompañados en Castilla y León, Aragón y Extremadura se han ausentado este miércoles de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia como forma de rechazo al reparto anunciado el pasado martes por el Gobierno, mediante un real decreto sobre la capacidad de acogida que debe tener cada autonomía. En un comunicado difundido a través de los departamentos gestionados por Vox en estas autonomías, estos consejeros han justificado su ausencia a esta reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial que se celebrará en los próximos días por manifestarse en contra de una "estafa migratoria" de la que responsabilizan al Gobierno central y por la "unilateralidad" del reparto.

La distribución de menores extranjeros no acompañados se basa en la modificación de la ley de extranjería aprobada en marzo de 2025, para repartir el esfuerzo de acogida entre las diferentes autonomías y que no sean únicamente Canarias, Ceuta y Melilla las que asuman esa gestión. De acuerdo a los nuevos datos, aportados por el Ministerio de Juventud e Infancia, la comunidad que más niños y adolescentes debería atender es Andalucía, 3. 009; seguida de Cataluña, 2.

Los detalles

829; la Comunidad de Madrid, 2. 471; y Comunidad Valenciana, 1. 903; mientras que en todos los demás territorios la cifra no llega a 1.

En el caso de Castilla y León, tendrá que habilitar 830 plazas, frente a las 130 actuales, con 186 menores acogidos, por lo que la Junta reconoce el desborde de las existentes. En su comunicado, los departamentos dirigidos por Vox, en concreto por sus dirigentes autonómicos Alejandro Nolasco (Aragón), Carlos Pollán (Castilla y León) y Óscar Fernández (Extremadura), consideran que los criterios de reparto son "arbitrarios, opacos y completamente alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas". Se trata de un comunicado sin la tipografía institucional de los gobiernos autonómicos que Vox comparte con el PP y que ha sido difundido por sus departamentos de prensa a través de canales ajenos a los habituales de la Junta de Castilla y León, en el caso de esta autonomía.

Plantean en este escrito que "cualquier incremento impuesto por el Gobierno constituye una nueva maniobra política de Pedro Sánchez, ajena por completo a la realidad que viven las comunidades autónomas". Ante esta situación, los consejeros han anunciado "todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales a su alcance para ejercer una oposición frontal a esta decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez". Fuentes de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Castilla y León han detallado a EFE que la idea es oponerse desde el comienzo, en estas reuniones preparatorias de la Conferencia Sectorial, a un reparto que está fijado en un real decreto aprobado por el Gobierno, al que acusan de contribuir a un "efecto llamada, el tráfico de personas y la saturación de los servicios de protección en todo el territorio nacional".

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.