Pese al rechazo de la comunidad, 18 empresas muestran interés en construir cárcel de máxima seguridad en Panamá

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: A pesar del rechazo expresado por residentes, autoridades locales y organizaciones comunitarias de Santa María y Divisa, el Gobierno Nacional continúa avanzando con el proceso para construir el Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, una obra valorada en 177. 2 millones de dólares que busca ampliar la capacidad del sistema carcelario panameño mediante una nueva prisión de máxima seguridad en la provincia de Herrera. El proyecto dio un nuevo paso con la realización de la reunión previa y de homologación del acto público, una etapa en la que 18 empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en la licitación presentaron observaciones técnicas, legales y financieras sobre el pliego de cargos antes de la presentación de las propuestas.

Entre las compañías asistentes figuraron constructoras con experiencia en grandes obras de infraestructura, como Sucursal de Obras Huarte Lain Panamá, Contracta-UK, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, CTL Ingeniería, Global Delfos International, Constructora de León, además de firmas vinculadas a ingeniería, supervisión de obras y consultoría técnica como Asocsa, LAC Consulting, Tutum Tech, Eduadvance y Negocios Triple RRR. También participaron empresas proveedoras de materiales y equipos, entre ellas Impex Comercial y Centroequipos, así como aseguradoras como Padeco Seguros y Assa Compañía de Seguros, cuya presencia refleja el interés del sector privado por uno de los contratos de infraestructura más importantes impulsados este año por el Ministerio de Gobierno. Lejos de cuestionar la necesidad del proyecto, la mayoría de las intervenciones se concentró en solicitar modificaciones al pliego para ampliar la competencia y facilitar la preparación de las ofertas.

Los detalles

Una de las peticiones más reiteradas fue extender el plazo para la entrega de propuestas. Dependiendo de la empresa, las solicitudes oscilaron entre 20 y 90 días calendario, argumentando que el volumen de la documentación técnica, financiera y de ingeniería requiere un mayor tiempo de preparación y coordinación con bancos, aseguradoras y proveedores. Otro de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los exigentes requisitos financieros establecidos por el Ministerio de Gobierno.

Varias empresas solicitaron flexibilizar las condiciones para acreditar liquidez, capital de trabajo, facturación anual y experiencia cuando las propuestas sean presentadas mediante consorcios. Algunas firmas pidieron que los estados financieros pudieran consolidarse entre los integrantes del consorcio y que la facturación mínima exigida fuera reducida, al considerar que los parámetros actuales limitan la participación de potenciales oferentes. Las observaciones también alcanzaron los requisitos de experiencia técnica.

Empresas nacionales y extranjeras solicitaron ampliar de diez a quince años el período válido para acreditar proyectos similares, permitir que se presenten certificaciones emitidas por casas matrices o empresas del mismo grupo empresarial y aclarar qué documentos serán aceptados para demostrar la ejecución satisfactoria de obras anteriores. Otros participantes pidieron revisar los porcentajes mínimos de participación exigidos a los integrantes de los consorcios para poder acreditar esa experiencia. Asimismo, varios representantes señalaron inconsistencias o falta de precisión en las especificaciones técnicas del proyecto.

Qué dicen los expertos

Entre ellas mencionaron el equipamiento de seguridad, la definición de algunos sistemas tecnológicos, el detalle de planos arquitectónicos, el programa arquitectónico, la ubicación de redes eléctricas, telecomunicaciones y agua potable, así como características de mobiliario, barandas, sanitarios antivandálicos y otros elementos propios de un centro penitenciario de alta seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios del Ministerio de Gobierno respondieron que los planteamientos serán revisados y, de ser necesario, incorporados mediante una adenda al pliego de cargos. El complejo proyectado estará ubicado en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera, y será desarrollado bajo la modalidad de estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento.

El contrato contempla una inversión de referencia de 177. 2 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los proyectos penitenciarios más costosos licitados por el Estado panameño en los últimos años. Las propuestas deberán presentarse el próximo 23 de julio, de forma electrónica a través del sistema PanamáCompra.

De acuerdo con el pliego de cargos, el complejo tendrá capacidad para albergar hasta 3,000 personas privadas de libertad, distribuidas entre procesados y condenados, así como en módulos de mínima, media y alta seguridad. El diseño incluye pabellones con celdas individuales para internos de mayor peligrosidad y dormitorios colectivos para otros regímenes penitenciarios, además de áreas médicas, educativas, deportivas, talleres de trabajo, espacios para atención psicosocial, patios de recreación, sistemas de vigilancia y control, zonas de requisa y edificios administrativos. También contará con infraestructura para 450 custodios, incluyendo dormitorios, comedor, gimnasio y áreas de capacitación.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.