Procuraduría abrió investigación contra dos policías de Antinarcóticos por irregularidades en contratación

Surgen avances clave en el escenario mundial. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra dos evaluadores jurídicos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional para establecer si excluyeron de forma injustificada al Consorcio Rural en un proceso de selección abreviado en curso, un caso que pone bajo revisión la legalidad del trámite en Secop II y el respeto a los principios de transparencia, igualdad y debido proceso en la contratación estatal. La actuación fue anunciada el viernes 10 de julio y recae sobre Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, integrantes del comité evaluador en el componente jurídico de la Diran. El eje del expediente es una solicitud para modificar a uno de los integrantes del consorcio, que, según el Ministerio Público, habría sido registrada oficialmente antes del cierre del plazo para la recepción de ofertas.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, uno de los puntos centrales será verificar el manejo dado a la información cargada en Secop II, la plataforma en la que se gestionan los procesos de contratación estatal y quedan registradas las actuaciones de las entidades públicas y de los proponentes. Ese análisis buscará establecer si la solicitud del Consorcio Rural fue radicada oportunamente antes del cierre de la recepción de ofertas y si esa comunicación fue tenida en cuenta de manera adecuada por el comité evaluador de la Dirección de Antinarcóticos. En contratación estatal, el momento exacto de registro de una solicitud puede definir si un oferente actuó dentro de los términos del proceso o si quedó por fuera de ellos.

Los detalles

La Procuraduría investiga si los evaluadores negaron de manera injustificada el cambio solicitado en la conformación del consorcio. También examinará si esa decisión se ajustó a las normas que regulan la contratación pública o si vulneró principios como la transparencia, la publicidad, la igualdad entre oferentes, la selección objetiva y el debido proceso. Una exclusión sin sustento no solo tendría efectos sobre los derechos del proponente.

También podría incidir en la legalidad de la selección del contratista y limitar la concurrencia dentro de una modalidad de contratación que exige reglas claras y una evaluación objetiva. Como parte de la actuación disciplinaria, el ente de control ordenó la recolección de pruebas documentales y anunció que escuchará en versión libre a los funcionarios implicados. Con esas diligencias, el organismo buscará determinar si las decisiones adoptadas por Vargas y Vivas se ajustaron a las reglas del proceso contractual.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y no implica una sanción ni una conclusión definitiva sobre responsabilidad disciplinaria. Lo que existe por ahora es una revisión formal sobre la conducta de los dos integrantes del comité evaluador jurídico y sobre el soporte normativo de la exclusión del oferente. La relevancia del caso aumenta porque involucra a la Diran, una dependencia de la Policía Nacional encargada de adelantar procesos relacionados con sus capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico.

Qué dicen los expertos

Según la Policía Nacional, su actual director es el brigadier general William Castaño Ramos. En ese contexto, la Procuraduría deberá establecer si la actuación de los funcionarios investigados respetó los estándares de legalidad y trazabilidad exigidos en la contratación estatal. El resultado dependerá de los documentos recaudados, de los registros en la plataforma y de las explicaciones que entreguen los dos evaluadores sobre la exclusión del consorcio.

El mismo organismo había abierto el miércoles 8 de julio otra investigación disciplinaria contra funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando por presuntas irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato de 2022 para la adquisición de drones para la Policía Nacional. En ese expediente, la Procuraduría señaló como afectados por la decisión al coronel en retiro Didier Alberto Estrada Álvarez, la capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa, el intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes para la época de los hechos ejercieron funciones en el Forpo y el Cippa.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.