“Te encontrás con gente que no se quiere ir”: a 18 años de la causa Riachuelo, el lado B de los desalojos

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. En el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de la Villa 21-24, miles de familias vivían desde hace años junto al Riachuelo, una de las regiones más contaminadas del país. En 2004, un grupo de vecinos y trabajadores de la salud demandaron a tres gobiernos -Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA- y 44 empresas por daño ambiental. En 2008, la Corte Suprema ordenó en la causa Mendoza sanear la zona y recuperar los márgenes del curso de agua como espacio público.

El 8 de julio pasado, se cumplieron 18 años de esa sentencia. Presentado como un antes y después para la causa ambientalista, los afectados iban a caer en la cuenta la magnitud de las consecuencias. Hay que imaginárselo: de un día para el otro, se resolvió que hay que trasladar a miles de personas de sus casas -no porque les guste, sino porque lo ordena una sentencia judicial-.

Los detalles

Los que tienen que mudarse son vecinos que ya viven hace décadas ahí, con sus familias, trabajos y rutinas. La sentencia por la contaminación fue un catalizador de conflicto. “Nominar de esta manera el problema fue muy efectivo, porque logró un fallo histórico y logró forzar a los ejecutivos a actuar”, señaló la politóloga Julieta Sragowicz, autora del libro “Correr los márgenes: Acción pública en los bordes del Riachuelo”.

Sin embargo, remarcó que la “centralidad de la contaminación” trajo aparejada “múltiples tensiones porque por momentos el argumento de la contaminación legitimó acciones poco respetuosas de los derechos humanos”. “Acá la cuestión habitacional o las mejoras en las condiciones habitacionales de quienes habitan en la cuenca aparecen con menos peso”, señaló Sragowic. En concreto, el fallo de la Corte establecía 8 líneas de acción que planteaban, principalmente, intervenir en la contaminación industrial, la limpieza del curso de agua, la eliminación de basurales, la limpieza y liberación de los márgenes.

Uno de los puntos claves era el camino de sirga, una franja de 35 metros desde la orilla, por ley inalienable e irrenunciable como espacio público“Las relocalizaciones se tramitan inicialmente dentro del lineamiento de “limpieza de márgenes” y liberación del camino de sirga", recordó la investigadora. Para la mirada judicial, había una “notable homologación de esas personas a cosas” que “obstruyen” e “invaden” la zona de protección ambiental. “Tenías una situación inicial que era la de desalojos forzados, compulsivos y violentos donde se notificaba a las personas con 72 horas de preaviso.

Qué dicen los expertos

En algunos casos, se les daba un subsidio habitacional, en otros se los mudó sin más a viviendas en otras zonas alejadas de sus lugares de origen”, afirmó Sragowicz. Fue el caso de los asentamientos Luján y El Pueblito, también llamados como los “sueltitos”. Romina, trabajadora territorial del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), menciona en el libro el conflicto social en la ejecución del fallo, que estuvo a cargo del juez Luis Armella, quien instruyó la erradicación definitiva de los asentamientos precarios.

“La manda es sanear el Riachuelo y que el Riachuelo esté más limpio y eso pesa a la hora de llevar adelante una estrategia territorial, porque te encontrás con gente que no se quiere ir, “qué me importa a mí” … vecinos que se habían hecho la vivienda de manera tal de no sufrir ninguna contaminación, que hacen referencia a la belleza del riachuelo y que diseñaron su casa contemplando eso (…) y después cómo le decís: “bueno, esto es una decisión del juez”, relata el testimonio. En este marco, el trabajo de Sragowicz cuenta qué pasó cuando la orden judicial de la Corte llegó al barrio, cómo se vivieron los intentos de relocalización y qué conflictos surgieron entre los vecinos, el Estado y quienes trabajan en la zona. El problema empezaría a abordarse metódicamente luego que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), presentó en marzo de 2010 el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que incluyó la urbanización de villas y asentamientos dentro de su esquema de acciones.

Solo en CABA, los datos oficiales reportaban que en el área del camino de sirga, a la altura de la Villa 21-24, había 1422 familias y 4346 personas afectadas. Los conflictosEn la Villa 21-24, la Justicia halló un límite imprevisto. Bajo presión para demoler viviendas y avanzar con mudanzas compulsivas, los vecinos organizados, en conjunto con organismos como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asesoría Tutelar de Menores y la Defensoría General de la Ciudad, impulsaron acciones de amparo y medidas judiciales para frenar los desalojos unilaterales en el barrio Magaldi.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.