Ignacio Mier señala falta de pruebas en caso Rocha Moya y apunta “testigos protegidos”

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Este 23 de mayo se hicieron públicos dos citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) que sacudieron a la política mexicana. Por un lado está el caso de Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa que enfrenta, junto a otros nueve funcionarios, acusaciones desde Estados Unidos relacionadas con narcotráfico; por el otro, los señalamientos contra Maru Campos sobre delitos contra la soberanía nacional tras la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratio. Al respecto, Ignacio Mier, Coordinador de las y los Senadores de Morena, expresó en sus redes sociales su opinión:“Ante los legítimos citatorios de la FGR, hablemos con objetividad: de un lado, en Chihuahua, hay una confesión explícita de la gobernadora María Eugenia Campos de vulnerar la Constitución bajo el pretexto de ‘eficacia’; del otro, en Sinaloa, acusaciones basadas en ‘testigos protegidos’, sin pruebas contra Rubén Rocha”.

Además, aseguró que lo que está sucediendo, especialmente con los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, no tiene nada que ver con la justicia:“Lo que vemos no es justicia, sino la estrategia de la derecha internacional y agencias externas para estigmatizar a México. La soberanía no se somete a guiones extranjeros”. Segob descarta “interés político” en los citatorios de la FGR La Segob aseguró que los citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa son un procedimiento legal sin interés político y que las personas convocadas comparecerán como testigos, en medio de dos indagatorias distintas: una por un narcolaboratorio localizado en la Sierra del Pinal y otra por acusaciones presentadas en una corte de Nueva York por presuntos nexos con Los Chapitos.

Los detalles

De los 10 citados en el caso Sinaloa, solo ocho podrían comparecer ante la FGR. El exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez se entregó a autoridades de Estados Unidos desde el 11 de mayo, mientras reportes extraoficiales indican que el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega habría hecho lo mismo. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación sostuvo que la FGR es un órgano constitucional autónomo y que sus actuaciones se desarrollan “con fundamento en la ley”.

La dependencia también precisó que la institución “no tiene interés político”. La aclaración oficial llegó horas después de que la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván acusó públicamente que el citatorio buscaba “dañar a los chihuahuenses” y “eliminar la institucionalidad del estado”.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.