Productores de ron piden aplicar impuestos por igual a toda la industria del alcohol de República Dominicana

Surgen avances clave en el escenario mundial. La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) solicitó públicamente a las autoridades fiscales de República Dominicana la aplicación uniforme del Artículo 41 de la Ley 30-26 a toda la industria de bebidas alcohólicas y reiteró que la igualdad en el tratamiento tributario es un requisito para el desarrollo del sector y el fortalecimiento de la economía dominicana, tras la entrada en vigor de la nueva normativa promulgada por el presidente Luis Abinader. La Ley 30-26 establece un conjunto de medidas para el crecimiento económico y la estabilidad fiscal frente a un contexto internacional de incertidumbre. Adopron, gremio empresario del sector, expresó su preocupación por la necesidad de que el Artículo 41 se aplique de manera equitativa a todos los agentes involucrados en la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas, sin distinción de rubro o tamaño.

La organización argumentó que la uniformidad en el cumplimiento de la ley garantiza condiciones justas dentro del mercado y fortalece la recaudación fiscal. En un comunicado oficial, los productores de ron subrayan que históricamente han existido diferencias en la fiscalización entre productores locales y otras categorías dentro del sector de bebidas. A juicio de los empresarios, la correcta aplicación del marco legal favorecerá la transparencia y permitirá más eficacia en la lucha contra la evasión y el comercio ilícito.

Los detalles

“Resulta imprescindible que las autoridades tributarias apliquen la ley en igualdad de condiciones para evitar distorsiones competitivas”, manifestó el gremio en su declaración. ¿Qué establece la Ley 30-26? El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26 el 19 de junio de 2026, tras su aprobación en el Congreso Nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, la norma busca “fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica”. El Gobierno dominicano justificó la promulgación de la ley en el marco de la crisis internacional, argumentando la necesidad de proteger la estabilidad económica y social del país. El texto legal establece que solo los ciudadanos con ingresos superiores a 39,900 pesos mensuales (aproximadamente USD 678) pagarán el impuesto sobre la renta.

Eleva la deducción de gastos educativos del 25% al 30% y restablece el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos. La tasa del impuesto sobre la renta empresarial para grandes contribuyentes se incrementa hasta el 30%. En relación con las microempresas, la ley elimina el pago de anticipos y crea una amnistía para deudas tributarias.

Qué dicen los expertos

La legislación reduce del 25% al 10% el impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles. El Ministerio de Hacienda y Economía declaró que el objetivo de la reforma es mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población, además de crear espacio fiscal para responder a la crisis atribuida a los conflictos en Medio Oriente. Adopron destacó que el sector de bebidas alcohólicas representa una fuente de recaudación tributaria y generación de empleos formales.

La asociación recordó que el cumplimiento efectivo de la ley es fundamental para erradicar prácticas desleales y mejorar la fiscalización del mercado. En su comunicado, la entidad reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, al tiempo que instó a las autoridades a fortalecer los mecanismos de control y supervisión. De acuerdo con las autoridades, la Ley 30-26 no modifica el ITBIS ni la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes y cigarrillos.

Además, excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuevas cargas tributarias y redefine el esquema de pagos para las pequeñas empresas. El Gobierno dominicano anunció que se implementarán nuevos mecanismos de acuerdos de pago y facilidades para la regularización de obligaciones pendientes con la Dirección General de Impuestos Internos.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.