Alias Castor, jefe de Los Costeños, le pidió a Abelardo de la Espriella una mesa de diálogo para someterse a la justicia: “He cumplido con creces”

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Alias Castor, máximo cabecilla de la organización criminal Los Costeños, solicitó formalmente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, la instalación de una mesa de sometimiento a la justicia para avanzar en la desmovilización de esa estructura ilegal. La petición fue presentada apenas un día después de que el mandatario entrante reiterara que los grupos armados y organizaciones criminales tendrán un plazo de un mes para demostrar una voluntad real de acogerse a la ley y que su Gobierno no abrirá negociaciones de carácter político con estas estructuras. La solicitud quedó consignada en una carta fechada el 14 de julio y dirigida tanto al presidente electo como al designado ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González.

El documento expone los argumentos con los que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, busca que el próximo Gobierno autorice un mecanismo especial para el sometimiento de su organización. En el escrito, el jefe de Los Costeños sostiene que durante los últimos años su estructura ha realizado acciones encaminadas a reducir la violencia en la región Caribe y afirma que existen fundamentos jurídicos para desarrollar ese proceso bajo la Ley 2272 de 2022, que modificó la política de paz total e incorporó nuevas figuras para el tratamiento de organizaciones criminales de alto impacto. Como parte de su petición, alias Castor solicita la creación de una Mesa de Diálogo y Sometimiento a la Justicia, así como las garantías institucionales necesarias para facilitar el desmantelamiento definitivo del grupo delincuencial.

Los detalles

Según expone en la carta, ese proceso permitiría la desmovilización de aproximadamente 2. 000 integrantes vinculados a la organización. Para respaldar su solicitud, el cabecilla presenta un balance de las acciones que, según él, han contribuido a disminuir los índices de violencia en el departamento del Atlántico durante los últimos tres años.

Entre ellas menciona la promoción de ceses al fuego entre organizaciones delincuenciales, la entrega voluntaria de 60 armas a la Fiscalía General de la Nación y la suspensión de actividades extorsivas en las zonas donde ejerce influencia la estructura criminal. Asimismo, asegura que impartió instrucciones para evitar ataques contra la Fuerza Pública y eliminar las denominadas fronteras invisibles en sectores controlados por Los Costeños. También afirma haber colaborado con la Fiscalía en el esclarecimiento de más de 140 homicidios y varios casos relacionados con extorsión, además de promover acercamientos entre estructuras criminales que operan en Barranquilla y Bucaramanga con el propósito de disminuir los enfrentamientos armados.

En uno de los apartados de la carta Díaz Collazos sostiene que esas actuaciones constituyen una prueba de su voluntad de avanzar hacia un proceso de sometimiento. Según el documento, considera que las entregas de armamento y las medidas de desescalamiento implementadas por su organización reflejan un compromiso con la reducción de la violencia en la región Caribe. La petición llega en un contexto marcado por el cierre del proceso de paz urbana que se adelantaba en Barranquilla y su área metropolitana durante el Gobierno saliente.

Qué dicen los expertos

De acuerdo con Blu Radio, el pasado 8 de julio el equipo jurídico de alias Castor recibió una comunicación oficial en la que se informó la suspensión de la instalación del Espacio de Conversación Socio Jurídico y se indicó que la vía disponible para los integrantes de la organización sería el sometimiento ante la justicia penal ordinaria. Ahora, el cabecilla busca que su caso sea analizado bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz, apoyándose en las modificaciones introducidas por la Ley 2272, que creó la categoría de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto. El movimiento también ocurre pocos meses después de que alias Castor fuera condenado a más de 26 años de prisión, tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

En ese proceso judicial aceptó su responsabilidad en al menos 95 homicidios y otros ataques armados perpetrados entre 2014 y 2024 en el área metropolitana de Barranquilla. La solicitud se suma a otros acercamientos recientes de organizaciones criminales al nuevo Gobierno. Días antes, Digno José Palomino y Aldair Montenegro, señalados cabecillas de Los Pepes y principales rivales de Los Costeños, también manifestaron públicamente su intención de acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia, luego del ultimátum fijado por el presidente electo.

Desde finales de junio, Abelardo de la Espriella ha insistido en que las organizaciones ilegales dispondrán de un mes, una vez inicie su administración el próximo 7 de agosto, para demostrar una voluntad real de desmantelarse y acogerse a la justicia. La política anunciada por el mandatario descarta negociaciones de carácter político y plantea el sometimiento como el único camino para quienes integran estructuras criminales.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.