
De ayuda para parados sénior a 'prejubilación pública encubierta': la reforma del subsidio para mayores de 52 años dispara la factura en 18.000 millones
PrestacionesDe ayuda para parados sénior a 'prejubilación pública encubierta': la reforma del subsidio para mayores de 52 años dispara la factura en 18.000 millonesFedea calcula un gasto extra para la Seguridad Social...
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Surgen avances clave en el escenario mundial. PrestacionesDe ayuda para parados sénior a 'prejubilación pública encubierta': la reforma del subsidio para mayores de 52 años dispara la factura en 18. 000 millonesFedea calcula un gasto extra para la Seguridad Social de 9. 456 millones de euros en pensiones y otros 8.
479 millones por la merma de cotizaciones Compartir Facebook X - Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Copiar enlace Enviar por email ComentarLa vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sergio González ValeroCristina Alonso MadridMadridSEGUIR AUTORAActualizado Lunes, 22 junio 2026 - 22:49 Audio generado con IAEl subsidio de desempleo para mayores de 52 años se introdujo por primera vez en la legislación española en 1984. En un entorno macroeconómico y laboral lastrado por la crisis del petróleo de los setenta, se dotó de una mayor protección a los trabajadores veteranos que perdieran su empleo y, desde entonces, la prestación ha sufrido diversos cambios.
Los detalles
Los más recientes los aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019 y las últimas evaluaciones apuntan a que esta ayuda se está convirtiendo en una suerte de 'prejubilación pública encubierta', porque actúa como un puente entre la pérdida de empleo y la jubilación con cotizaciones a la Seguridad Social financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Es la conclusión que se extrae del cruce de dos informes publicados en los últimos días por el Banco de España y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El primero constata que, en la práctica, el subsidio desincentiva la vuelta al trabajo, en parte, por la sobrecotización que conlleva.
Y el segundo, que pone el foco en el coste para las arcas públicas, proyecta que la última reforma, que revertió los endurecimientos introducidos en 2012 (rebajó la edad de acceso de los 55 a los 52 años, modificó la evaluación de las rentas a nivel individual en lugar de por unidad familiar, extendió la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación e incrementó la base de cotización por contingencias comunes del 100% al 125% del Salario Mínimo Interprofesional) endosará una factura adicional a la Seguridad Social de 18. 000 millones de euros. El objetivo del subsidio es garantizar una renta mínima (480 euros mensuales en la actualidad) a quienes hayan agotado la prestación de paro en los últimos años de su vida laboral.
A partir de los 52 años, los beneficiarios pueden mantenerlo hasta que se jubilen a la edad legal. Y mientras lo perciben cotizan por el 125% del SMI. Así, acaba funcionando como una pasarela a la jubilación en un contexto de difícil retorno al mundo laboral.
Según el BdE, menos de un 9% de los perceptores consiguen volver a trabajar al año siguiente, cifra muy inferior al 30% que se observa en las prestaciones contributivas de desempleo.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.





