Exfuncionario del SAT es inhabilitado un año por ocultar más de 1.5 millones de pesos en su patrimonio

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó por un año a Jaime “N”, exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por falsear sus declaraciones de situación patrimonial para ocultar un incremento de 1 millón 532 mil 452 pesos que no pudo explicar ni justificar ante las autoridades federales. La sanción fue anunciada este domingo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a través del Comunicado 070. La dependencia precisó que Jaime “N” era ex servidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que su conducta fue calificada como una infracción grave.

El caso representa uno de los resultados más recientes del trabajo de fiscalización patrimonial que lleva a cabo la SABG sobre ex funcionarios federales, en el que las declaraciones de situación patrimonial funcionan como principal instrumento de detección. La investigación que destapó el casoLa Unidad de Combate a la Impunidad de la SABG condujo la indagatoria que permitió acreditar la irregularidad ante el tribunal. El organismo demostró que el exfuncionario faltó deliberadamente a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales con el propósito de disimular un aumento en su patrimonio que no correspondía a sus ingresos reportados.

Los detalles

El incremento de más de 1. 5 millones de pesos no contó con respaldo documental ni con una explicación válida durante el proceso de investigación. La SABG concluyó que la omisión no fue accidental, sino una acción deliberada para ocultar bienes ante las autoridades.

El exfuncionario y su aduanaJaime “N” se desempeñó como administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, ubicada en el estado de Michoacán. El comunicado de la SABG no estableció ningún vínculo entre la sanción administrativa y operaciones ilícitas en ese recinto aduanero. La dependencia tampoco proporcionó detalles sobre el periodo en que Jaime “N” ocupó el cargo ni sobre las circunstancias en que concluyó su función como servidor público del SAT.

Sanción firme, pero impugnableLa SABG aclaró que Jaime “N” tiene derecho a impugnar la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante las instancias que correspondan. No obstante, la dependencia anticipó que, de presentarse ese escenario, defenderá el fallo “con la misma firmeza con que fue investigado”, según el texto compartido por la dependencia. La inhabilitación por un año le impide al ex funcionario ocupar cargos, empleos o comisiones dentro del servicio público federal durante ese plazo.

Qué dicen los expertos

Sanciones por ocultar bienes en una declaración patrimonialEn México, ocultar o falsear bienes en la declaración patrimonial constituye una falta administrativa grave sancionada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las consecuencias van desde inhabilitación de tres meses hasta 20 años, destitución del cargo, multas de hasta tres veces el monto ocultado y, si el caso lo amerita, denuncia penal ante la FGR por enriquecimiento ilícito. La autoridad también puede ordenar un embargo precautorio sobre el patrimonio del implicado durante el proceso, según establecen la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Denuncia ciudadana, parte del mecanismoLa dependencia convocó a la ciudadanía a reportar posibles actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en denuncias. En el comunicado sostuvo que denunciar “no solo es un derecho: es también un deber cívico para proteger los recursos públicos”. La SABG subrayó que la vigilancia sobre el uso del erario no recae exclusivamente en las instituciones del Estado, y que la participación de la sociedad resulta necesaria para fortalecer los mecanismos de control.

La dependencia reiteró que continuará investigando conductas irregulares de servidores y ex servidores públicos, al considerar que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.