No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Surgen avances clave en el escenario mundial. El PP abona el terreno para una victoria legítima o una derrota que haga saltar las alarmas en las próximas elecciones generales. El argumento no es tanto la ley de nietos, aprobada en el Congreso de los Diputados en el marco de la Memoria Democrática, incluso avalada por el Alberto Núñez Feijóo presidente de Galicia, como por una posterior reinterpretación que ha dado lugar a que un mayor número de personas quepa en la norma, o una ampliación del plazo inicialmente previsto para el trámite, o un refuerzo en el número de empleados en embajadas y consulados para facilitarlo, especialmente en los países con una alta demanda de solicitudes, casos de Argentina, Cuba, Brasil o México. La oposición suma uno más uno y le sale que Pedro Sánchez está alterando el censo para dar un vuelco en las generales.

Que hace “ingeniería electoral” para sumar escaños en provincias clave, vía voto CERA, es decir el de los compatriotas que residen en el extranjero, a fin de mantenerse en el poder. Que sin esos votos “fabricados”, las tiene perdidas. Para el Gobierno, se trata de una reparación histórica por fin resuelta.

Los detalles

Según el INE, cada mes somos en torno a 16. Desde julio de 2023, última vez que pasamos por las urnas, el padrón exterior ha crecido en 375. 027 inscritos, un 16,1% más, y para las próximas generales, previstas para 2027, ese incremento se acercará a los 600.

000 votantes adicionales, con un total que rozará los tres millones de inscritos. Detrás de esa cifra está la llamada ‘ley de nietos’. Llamada porque no existe como tal en el ordenamiento jurídico.

Es, en realidad, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que salió adelante en 2022 con 173 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y PDeCAT), 159 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP) y 14 abstenciones (ERC y BNG). La norma entró en vigor el 21 de octubre de aquel año y abrió la puerta a que hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero pudieran obtener la nacionalidad si sus ascendientes la perdieron o renunciaron a ella por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco, sin necesidad de haber residido nunca en territorio español. Lo que vino después El texto original de la ley exigía acreditar que el ascendiente sufrió una persecución política concreta.

Qué dicen los expertos

Poco después de su aprobación en el Congreso, una instrucción administrativa del Ministerio de Justicia eliminó en la práctica ese requisito. A partir de entonces, bastaba con ser descendiente de un español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de demostrar que el motivo fue el exilio político. El efecto fue inmediato: el universo de potenciales beneficiarios se amplió de forma sustancial, y las solicitudes empezaron a llegar en volúmenes que ninguna previsión administrativa había contemplado.

El plazo para presentar solicitudes se fijó inicialmente en dos años desde la entrada en vigor de la norma, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año por acuerdo del Consejo de Ministros. Esa prórroga se activó, y el plazo definitivo se cerró el 22 de octubre de 2025. A esa fecha, el Ministerio de Asuntos Exteriores había registrado 2,4 millones de peticiones de cita para presentar la documentación.

De ellas, 1,2 millones ya habían pasado por las oficinas consulares. La tasa de denegación del proceso se sitúa apenas en un 2%. La tramitación del proceso recae en la red consular española en el exterior, compuesta por 180 oficinas repartidas por todo el mundo.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.