Ruido y furia entre políticos y jueces: cómo reparar la (maltrecha) justicia

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. EN PORTADARuido y furia entre políticos y jueces: cómo reparar la (maltrecha) justiciaVivimos días agitados en torno al funcionamiento del sistema judicial español. El Gobierno socialista denuncia una confabulación de un sector de la judicatura para derribar a Pedro Sánchez mientras la derecha sostiene que los jueces son los héroes que están poniendo freno a los desmanes del presidente. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema?

Algunos juristas apuntan a que, en algunos aspectos, seguimos en el siglo XIXMIKEL JASOPablo Ordaz18 jul 2026 - 16:10CEST Compartir en Whatsapp Compartir en Facebook Compartir en Twitter Desplegar Redes Sociales Ir a los comentariosAñadir EL PAÍS en GoogleCompartir: Whatsapp Facebook Twitter Bluesky Linkedin Copiar enlaceHay un país europeo en el que los ciudadanos están encantados con sus jueces. —Y entonces, ¿por qué no importamos aquel sistema? —Muy sencillo —responde un veterano analista del mundo judicial—, porque no somos daneses.

Los detalles

Descartado el intento, y justo en medio de la ofensiva del Gobierno socialista contra una supuesta confabulación judicial para derribar a Pedro Sánchez, hemos pedido a una serie de voces expertas que nos indiquen dónde falla y cómo se puede mejorar el funcionamiento de la justicia y, de paso, la percepción más bien pobre que los españoles tienen de sus tribunales. Lo que viene a continuación no es una diatriba contra los fachas con toga ni tampoco un panegírico de quienes —desde los sectores más conservadores— son vistos como unos héroes que quieren meter en cintura al Gobierno. Solo se trata de ir un poco más allá.

Más informaciónLa guerra de los fiscalesPor ejemplo —y a modo de aperitivo—, ¿no sería conveniente reducir la discrecionalidad en los nombramientos, de modo que los partidos políticos no sigan colonizando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y repartiéndose los sillones del Tribunal Constitucional, del Supremo, y de ahí en cascada hacia abajo? ¿No sería más eficaz que, como sucede en la mayoría de los países de Europa, fueran los fiscales y no los jueces quienes llevasen la instrucción? Pero, para que esto último se pudiera poner en marcha con ciertas dosis de credibilidad, ¿no habría que blindar antes la independencia del fiscal general, que en España debe su nombramiento al presidente del Gobierno?

Y, ya puestos, ¿no está anticuado el sistema de acceso a la carrera, enfocado en exclusiva a un ejercicio memorístico en el que los aspirantes cantan el Código Penal contrarreloj? A raíz de estas cuestiones —que iremos abordando más adelante—, Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea, propone que nos abstraigamos por un momento del ruido coyuntural —el asalto político a las instituciones del Estado, la guerra de los fiscales o el tan traído y llevado lawfare— y nos planteemos una pregunta más ambiciosa: ¿está obsoleto el modelo judicial español en sus estructuras básicas? Y si es así, ¿qué se puede hacer para mejorarlo?

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.